Capítulo 33 Si es ley

El sábado por la mañana, Sofía estaba en el taburete alto de las herramientas finas, balanceando las piernas, con una sopa de letras del colegio en las rodillas. A media mañana entró a recoger el coche el jubilado de la caja de ahorros, el que semanas atrás le había contado, sentado en la silla de plástico, que el dinero de los préstamos no lo sacaban de ningún cajón.

Le había dejado el coche el viernes por un golpeteo que solo sonaba en los baches. Era una bieleta de la barra estabilizadora, con la rótula suelta: pieza pequeña y ruido grande, como casi siempre. El padre le dio la vieja en una bolsa, como se hacía en aquel taller desde antes de que fuera suyo, y el hombre la miró por encima de las gafas sin mucho interés.

—Ya no suena —dijo el padre.

—Si tú lo dices, no suena, chaval.

Sacó el talonario y le hizo la factura. Escribió el nombre arriba, el de siempre, el que llevaba años escribiendo en aquel talonario: Cándido.

Mientras pagaba, se quejó sin que nadie le preguntara.

—Vendí el piso de mis padres y me cobraron la plusvalía. Luego dijeron en la tele que el tribunal ese la había anulado. ¿Y sabes qué? A mí no me devolvieron ni un céntimo.

—¿Reclamaste?

—¿Yo? Si era ley. Lo que dice la ley va a misa. —Se guardó la cartera—. Si es ley, será justo, ¿no?

Se fue sin esperar respuesta. Sofía, desde el taburete alto, se quedó mirando la puerta.

—Papá, ¿lo que dice la ley es justo porque es ley?

—Eso es lo que acaba de decir él. Esta noche lo miro.

El talonario se quedó abierto en la factura, con el nombre arriba. Era el mismo hombre que le había explicado cómo nacía el dinero en una caja de ahorros, porque lo había visto con sus propios ojos desde la ventanilla. De los bancos se fiaba lo justo. De la ley, del todo. Antes de cerrar, el padre apuntó la frase en la libreta, por detrás, con las de la radio, como se apuntan las averías que vuelven: «Si es ley, será justo».

Esa noche lo encontró enseguida, porque estaba escrito en las sentencias del propio tribunal, y no en lo que se había dicho en la tele. Le pidió a Sofía IA los números de las sentencias y las leyó él.

La tele tenía razón, pero no del todo. El Constitucional había anulado en 2021 la manera de calcular la plusvalía. Y antes, en 2017, una amnistía de impuestos que se había aprobado en 2012. Una y otra, solo hacia delante: lo que ya se había pagado y estaba cerrado, lo firme, no se volvió a mirar.

Había algo más, y le costó creerlo. El mismo tribunal había dicho, dos años antes de anular el cálculo, que era confiscatorio cobrar por encima del «incremento patrimonial realmente obtenido por el contribuyente». Dicho en llano: cobrarle a uno más de lo que había ganado con la venta era quitarle lo suyo. Y aun así, lo cobrado y firme se quedó donde estaba.

Y encontró algo que no buscaba. Un artículo de un reglamento de sanciones de una escuela de policía, aprobado por una orden de 1981, se había aplicado cuarenta y cuatro años sin la ley que la Constitución exige para sancionar, hasta que el tribunal, en diciembre del año pasado, lo declaró «inconstitucional y nulo».

Se quedó mirando la cifra con el lápiz corto entre los dientes. Un coche que circula años con una pieza mal montada no pasa a estar bien porque nadie la haya mirado. Pasa a estar mal más tiempo.

Luego hizo lo que hacía con una factura que el cliente le iba a discutir: ponerse en su sitio antes que él. Buscó lo que se le podía contestar, y lo había, y bien dicho.

El sistema no da por justa cualquier ley: tiene un tribunal que las anula, y las anula; él mismo tenía delante tres sentencias que lo probaban. Que no se devuelva lo pagado protege que la gente sepa a qué atenerse y que las cuentas no se hundan. El que recurrió a tiempo pudo recuperar lo suyo. Los impuestos no los pone quien quiere: los pone la ley, y según lo que tiene cada uno. Y había una defensa más, que le hizo gracia porque usaba su propia hoja de inspección de la noche anterior: las leyes de aquí pasaban las casillas del fraile. Son obra de la razón, porque se discuten en las Cortes; van al interés general; las dicta un Parlamento elegido; y se publican en el Boletín Oficial del Estado para que las lea quien quiera.

La última era la más fuerte. Fue el propio Estado, con sus leyes, quien abolió la esclavitud. Juzgar lo de antes con los ojos de hoy era hacer trampa con el calendario.

Apuntó lo que ganaba la defensa, como había hecho con Amparo el jueves: los impuestos necesitan ley; el tribunal anula de verdad; la esclavitud la abolió el Estado con sus leyes. Nada de aquello era ilegal. Por eso lo suyo no podía ser que fuera ilegal. Era otra cosa: que lo legal se presentaba como justo.

Después pasó la hoja de inspección con calma. Que una ley se haya debatido, que la haya dictado quien puede y que se haya publicado, se mira en un papel. Lo del bien común no se mira en el papel: se mira en lo que pasa. Y eso lo tenía medido en su propia tabla: de los artículos que prometen el bien común, más de seis de cada diez no se cumplían.

Y lo de la esclavitud cortaba por los dos lados, y le dio la vuelta despacio. Si fue legal y no era justa, y el mismo poder lo reconoció al abolirla, entonces lo legal de hoy tampoco prueba por sí solo que sea justo. Por eso había hecho la tabla fila por fila. Lo de antes lo dejó para otra noche.

Lo que no le cuadraba era una sola cosa, vista desde dos sitios, y la apuntó en una línea: la presunción de validez juega a favor del Estado mientras cobra, y la seguridad jurídica, cuando tiene que devolver. Mientras cobra, la ley se presume válida y es el que paga quien tiene que probar lo contrario. Cuando le toca devolver, lo que importa es no mover lo cerrado. Y como quien pagó sin recurrir se fió de que la ley era válida, la devolución se queda para quien ya había recurrido.

Pensó en Cándido. A él la ley le exigía conocerlas todas («La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento»), y no se le ocurrió que una pudiera estar mal. Había pagado por fiarse.

En el taller, cuando una pieza que él había montado salía mala de fábrica, llamaba a todos los clientes a los que se la había puesto, no solo al que volvía quejándose. Al que no se quejaba también se la cambiaba. Eso era lo que él entendía por garantía.

Se acordó también de lo del confinamiento, que ya tenía apuntado: declarado contrario a la Constitución cuando ya se había cumplido. La corrección llegaba, pero tarde y hacia delante.

Abrió la página de «Las máximas» y copió una que le dolía, porque le daba la razón a la defensa: «el derecho protege a los vigilantes, no a los que duermen». Según aquello, Cándido se había dormido. Lo que lo había dormido era fiarse. La copió igual.

Al lado, pensando en el reglamento de la escuela de policía, otra: «lo que nace viciado no sana con el tiempo». La miró, miró la regla subrayada de arriba, la de que ninguna anula una ley con solo citarla, y la dejó donde estaba, sin flecha.

Y para no hacerse trampas, lo de su tabla: más de la mitad de las filas decían «cumple». Lo que había encontrado esa noche no decía que todas las leyes fueran injustas. Decía que ninguna era justa solo por ser ley.

Luego quiso saber qué había por encima de la Constitución, para medirla. Era la pregunta que le había hecho Amparo el primer domingo, con la caja de pasteles todavía encima de la mesa.

Ciudadanos y poderes públicos, dice ella misma, «están sujetos a la Constitución», y el Código Civil remata: «Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior». La escalera termina ahí. Encima de la Constitución, la ley no pone nada. Aunque encontró un matiz, y lo apuntó: la propia Constitución habla de derechos «inviolables» e «inherentes» a la persona, es decir, que ya estaban antes que ella. Pero los interpreta ella sola.

Lo que se le podía contestar también estaba, y era bueno. Manda leer esos derechos «de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos», y hay tribunales, de dentro y de fuera, que la vigilan: el Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Todos están sujetos a ella, también los que mandan. Y ningún Estado del mundo tiene un título por encima del suyo, ni le hace falta.

Enfrente, lo de siempre: el que interpreta es el propio sistema. Y el freno de los otros poderes, eso ya lo tenía en la tabla, corregía al poder más de cinco veces más a menudo de lo que protegía al ciudadano.

Y algo que no esperaba, y que lo dejó un rato quieto: ya había algo por encima, y lo decía el propio tribunal. Desde que España entró en la Unión Europea, el derecho de la Unión se aplica antes que la ley española. El tribunal lo llamaba «la primacía del Derecho comunitario como técnica o principio normativo destinado a asegurar su efectividad». No era un escalón por encima de la Constitución, y lo apuntó así, para no engañarse: era que se aplicaba primero. Pero el techo no era el último.

La Declaración que la Constitución manda leer decía, al final del todo, lo contrario de una presunción: «Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado», ni a nadie, para suprimir los derechos que proclama. Y en el Evangelio estaba la frase de la moneda: «Pagad pues á César lo que es de César, y á Dios lo que es de Dios». La había oído toda la vida para decir que hay que pagar. Esa noche la leyó por el otro lado: hay cosas que no son del César.

Lo que no podía probar también lo apuntó: que hubiera una ley por encima que los jueces tuvieran que aplicar. Lo que sí podía probar era menos, y bastaba: que la Constitución reconocía algo anterior a ella y que no dejaba que nadie más lo interpretara.

Pasada la medianoche cogió una hoja nueva y, debajo de la estantería del lunes, dibujó un árbol. No lo pensó: le salió así. Abajo, la raíz: los derechos que uno trae al nacer, antes de ningún Estado; al lado escribió que son fijos, que «son los que son». Encima, el tronco, lo más alto que sostiene hoy las leyes de aquí: antes acababa en la Constitución, y ahora seguía creciendo hacia el derecho de la Unión, lo de esa misma noche. Luego una rama gruesa, la Constitución de 1978. Y de ella, las ramas finas: lo civil, lo penal, lo administrativo, lo laboral.

Por todas corría lo mismo. Escribió la palabra del diccionario del viernes, savia, y debajo, las cuatro casillas de la hoja de inspección: que salga de la razón, que vaya al bien común, que la dicte quien puede dictarla, que se dé a conocer. Una rama sin savia se seca, aunque siga pegada al tronco.

La estantería decía qué iba encima de qué. El árbol decía de dónde le venía la vida a cada cosa. Le gustó más el árbol, y no supo por qué.

En el margen copió la frase que había leído el lunes, la de los apóstoles cuando les prohibieron predicar: «Es menester obedecer á Dios antes que á los hombres».

A la primera columna, la de «Comprobado», fue esto: «Una ley puede estar años cobrando y luego anularse, y lo pagado no se le devuelve al que no reclamó. Por encima de la Constitución, la ley no pone nada, aunque ella misma reconoce derechos que ya estaban antes. Tiene su razón: sin eso, nadie sabría a qué atenerse».

Y en «Lo que yo creo», más corto: «Que lo legal no es justo por ser legal: se mide con lo que hay por encima».

Debajo, más pequeño, para que nadie lo leyera al revés: «Medirlo no es desobedecerlo».

Al día siguiente, Sofía estaba sentada en la encimera, otra vez, mientras él pelaba patatas. Había dormido poco, y la libreta seguía en la mesa de la cocina, abierta por el árbol, con el salero encima para que no se cerrara.

—¿Qué había antes de los Estados?

—Había leyes. Unas encima de otras, como en esta casa.

—¿En esta casa hay leyes?

—Claro. Mira. Hay cosas que pasan quieras o no: que el fuego quema, que si no duermes te caes de sueño. Y hay otras que sabes sin que nadie te las enseñe, pero que sí se pueden desobedecer: que no se le quita a otro lo suyo, que lo que te dejan se devuelve, que no se pega al pequeño. Esas van primero. Luego están las costumbres de casa: las lentejas del domingo, el beso de tu madre antes de irse. Y al final, las normas que ponemos nosotros: no sentarse en la encimera.

Sofía se bajó de un salto, muy digna.

—¿Y las costumbres siempre valen?

—No. Una costumbre manda cuando no hay otra norma, y si no hace daño a nadie. Que algo se haga desde siempre no lo hace bueno.

—Como los de sexto con la portería.

—Como los de sexto. Eso lo miraremos otro día.

—¿Y si papá pone una norma que diga que los mayores pueden quitarles los cromos a los pequeños?

—Entonces no sería una norma. Sería un abuso. Un señor que pensó mucho dijo que una ley así ya no es ley, sino corrupción de la ley.

—¿Y qué va primero de todo?

El padre dejó el pelador.

—Eso ya no te lo puedo comprobar como la carta. Te puedo decir lo que escribieron los que pensaron en ello: que por encima de todo está la ley de Dios, la que gobierna todo lo que existe. Y te puedo decir lo que creo yo: que es verdad.

—¿Y hoy?

—Hoy está al revés. Primero la ley que escriben los hombres. Lo demás, si sobra sitio.

—Como el señor del coche, que decía que si es ley, es justo.

—Como él. Y a él le cobraron una ley que luego resultó que no valía.

Sofía se quedó pensando, con una piel de patata en la mano.

—Es como si en casa mandara más lo de la encimera que lo de dormir.

—Eso es lo que yo creo, sí. Lo que es verdad se sostiene. Lo que no tiene cimientos se tambalea.

—¿Y esa ley de Dios dónde está escrita?

—En muchos libros. Cada pueblo tiene los suyos.

—¿Y dicen todos lo mismo?

Él la miró. Era la pregunta a la que llevaban todas las demás.

—Aún no lo sé. Y no te lo voy a inventar. Déjame mirarlo.