Capítulo 46 Veintitrés ficheros

El martes, a mediodía, Justo ya estaba en su farola cuando el padre llegó a la puerta del colegio, con las manos en los bolsillos, como siempre. Esta vez, en lugar de saludar de lejos, se acercó.

—Dice mi chico que guardas en una carpeta todo lo que le pides a Hacienda, y lo que te contestan.

El de las gafas lo sabía por Sofía. El lunes, a la hora del bocadillo, la niña se lo había contado a él y a la de la trenza: que su padre lo guardaba todo, lo que pedía y lo que le contestaban, cada cosa con su fecha. No la carpeta, que seguía en el cajón de los papeles del taller, sino lo que ponía en la tapa.

—Algo así —dijo el padre.

—Pues eso es una tontería, con perdón. —Justo lo dijo sin mala cara, como quien da un consejo—. El Gobierno lo publica todo en internet. Hay una ley, hay un portal. Lo que cobra un ministro sale con su nombre, que lo he visto yo. El que no se entera es porque no mira.

—Puede ser. No lo he mirado.

—Pues míralo. Ya verás.

Sonó el timbre y empezaron a salir. Sofía venía con el ceño fruncido.

—El de las gafas dice que su padre dice que eso de la carpeta es una tontería. Que el Gobierno lo publica todo en internet, y que el que no se entera es porque no mira.

Justo, a su lado, se encogió de hombros, como quien ya lo había avisado. El padre se colgó la mochila de la niña al hombro.

—Papá, ¿todo se publica?

—Mucho, sí. Si todo, no lo sé.

—Pero ¿sí o no?

—Si te digo que sí sin haberlo mirado, te estoy dando una presunción.

Sofía puso los ojos en blanco, porque esa palabra ya se la sabía, y echó a andar por la avenida pisando las hojas secas que más crujían. Justo se despidió con la cabeza. El de las gafas iba detrás de él, contándole algo con las manos.

Esa noche se lo preguntó primero a Sofía IA, por ganar tiempo.

«¿Se publica lo que cobran los que mandan? ¿Y el total?».

Sofía IA: Sí. El Portal de la Transparencia publica lo que cobra cada alto cargo del Gobierno, y el total de cada año.

«¿Has visto ese total? Dame la página».

Sofía IA: No la tengo. Lo he sacado de resúmenes que lo cuentan así; los ficheros no los he abierto. Esto no lo he podido comprobar.

Al principio le habría dado la página aunque no existiera. Ahora le bastaba una pregunta para reconocerlo. Él asintió delante de la pantalla y fue a abrir los ficheros.

Justo tenía razón en una cosa, y la apuntó la primera: lo que cobra cada alto cargo, que es como se llama a los de arriba de cada ministerio, estaba publicado, uno por uno, desde 2013. Pero no en una página: en veintitrés ficheros, uno por ministerio. Y ninguno traía el total.

Uno de los ficheros no se abría: daba un error del servidor. Lo intentó tres veces. Nada. Un callejón, y lo apuntó como tal. Probó a filtrar por fechas, para sacar un año solo, y no salía nada. Y cada consulta daba como mucho mil registros; para el resto había que hacer otra.

Sacó el lápiz corto, el de los presupuestos, y empezó a sumar, fichero a fichero, como quien suma las piezas de una avería grande. Por el camino aprendió lo primero que había que saber de aquellas listas: lo que sumaba no eran personas, sino apuntes. Una misma persona podía salir más de una vez, y cuando cambiaba el Gobierno salían más. Lo apuntó al lado, en grande, para que nadie creyera que eran tantas personas: «Registros, no personas».

Pasada la una, lo dejó a medias.

El miércoles por la noche acabó la suma. En 2025 eran setecientos cuarenta y tres registros, y más de la mitad pasaban de cien mil euros al año. Todo junto, solo los de arriba del Gobierno, se acercaba a los setenta millones de euros. No la había publicado nadie. La había hecho él, con un lápiz.

Luego buscó a los asesores de confianza. En los ministerios había por lo menos novecientos cincuenta y nueve, y era un mínimo, porque esa estadística no contaba a los de las comunidades, ni a los de los ayuntamientos, ni a los de otros órganos. Del coste de todos ellos, nada: solo constaba lo que cuestan los del presidente del Gobierno, unos dieciocho millones al año.

Y luego, lo que cobran los cargos de las comunidades y de los ayuntamientos. Ahí se le cayó el lápiz. Estaba recogido, en un sistema del Ministerio, pero sin sumar, y para sumarlo había que consultar, una a una, más de ocho mil entidades: ayuntamientos, diputaciones, gobiernos de cada comunidad. Mil ciento noventa y cinco ayuntamientos ni siquiera habían mandado sus datos. Y al pie, una nota del propio Ministerio: que los datos los daban las entidades, que los listados no eran definitivos y que no respondía de que fueran ciertos.

—Vaya puzle más grande —dijo en voz baja.

Buscó también a los aforados, los que no juzga cualquier juez. Delante de Amparo, la tarde de la legión, había dicho diecisiete mil seiscientos tres cargos; lo que no sabía era de dónde salía la cifra. Salía de la única oficial que existía: casi doscientos cincuenta mil aforados, de ellos algo más de doscientos treinta y dos mil de las fuerzas de seguridad; los diecisiete mil seiscientos tres eran los de las instituciones del Estado y de las comunidades. La había dado de palabra el presidente del Consejo de los jueces, en el Congreso, en 2017. En 2018, el Ministerio de Justicia anunció un estudio sobre el aforamiento. El resultado no lo encontró.

Y la Casa del Rey, porque Justo había dicho todo. Publica su presupuesto, el mismo desde 2021, y sus cuentas, que el Tribunal de Cuentas auditó con opinión favorable. Lo que no dicen ni el presupuesto ni las cuentas es cuántas personas trabajan en ella. En la relación de puestos de un ministerio salían ciento sesenta y un puestos de funcionarios para la Casa; cuántas personas más sirven en ella, y quién les paga el sueldo, no lo encontró en un papel oficial.

Pasó a limpio lo de las dos noches en una página nueva. Arriba, dos palabras, separadas por una raya, como hacía con las averías raras. A un lado, «El velo»: lo que está a la vista de todos y no se ve, por complicado, escondido entre miles de páginas. Al otro, «El muro»: lo que no se publica, o se publica de forma que no se puede sumar.

Debajo del muro, dos columnas. En una, lo que la ley obliga a publicar: cada dato, el sueldo de cada alto cargo, el número de asesores, lo de cada ayuntamiento. En la otra, lo que nadie está obligado a publicar: la suma.

Luego volvió a la página del Arca y añadió una línea a «Lo que gana Justo»: hay ley, hay portal, y lo de cada uno sale con su nombre. Era verdad, y la había comprobado él.

Si alguien lo escondía a propósito, no lo sabía, y no lo apuntó. Lo que sí sabía era que lo de las comunidades y los ayuntamientos no lo podía sumar un hombre solo con un lápiz.

Dejó las hojas de las sumas en la mesa de la cocina, debajo del salero, para seguir al día siguiente.