7 La auditoría: la Constitución frente a los hechos

7.0 Propósito

El capítulo 6 dejó la teoría: el contrato social es una idea, y la separación de poderes, el freno (6.1 y 6.5). Este capítulo la lleva a los hechos de España, con la Constitución en la mano, artículo por artículo.

Cómo se lee. Cada caso va con la norma literal, el hecho verificado y su fuente; la lectura de conjunto, aparte y marcada. La auditoría completa de los 169 artículos está en el anexo A: aquí van el método, los resultados y los casos que mejor los muestran.

Lo que este capítulo no hace. No dicta el veredicto sobre España: eso es el capítulo 9. Tampoco atribuye intención a nadie: mide.

Este capítulo dice:

• 7.1 el método: auditar el contrato social;
• 7.2 el método de Núremberg y sus quince casos;
• 7.3 once casos más, y los que rompen el patrón;
• 7.4 el bien común frente al organigrama del poder, en cifras;
• 7.5 la corrupción de la forma;
• 7.6 el cobro blindado y el deber aplazado;
• 7.7 y el diseño legal que enfrenta a la gente.

7.1 El método: auditar el contrato social

La idea: «¿se cumple el contrato social?» no tiene respuesta comprobable así formulada. Pero si la Constitución es su traducción escrita, la pregunta se parte en 169 preguntas que sí la tienen.

De la filosofía al dato. Preguntar si se cumple el contrato social es una pregunta filosófica, y cualquier respuesta directa sería una opinión. Si la Constitución traduce por escrito ese pacto (6.5), la pregunta se descompone: «¿se cumple este mandato concreto, en los hechos, con fuente?». Y así, artículo por artículo, los 169. [14.00-1.1, 2.1 y 3.1]

El procedimiento.

• La norma, en su texto literal; el hecho, verificado; la fuente, exacta. Sin interpretación por artículo.
• La lectura de conjunto, si la hay, aparte y marcada como lectura, nunca como dato.
• Cada artículo cuenta una sola vez. Los que se auditaron por apartados toman el estado del más grave: si incumple un apartado, el artículo incumple.

[14.00-4.1 y 5.2; 18.00-2.4]

El resultado. De los 169 artículos, 93 se cumplen sin incidencia relevante, 69 no se cumplen, con el hecho y la fuente que lo documentan, y 7 quedan pendientes, por falta de dato suficiente. En 23 de los 69 incumplimientos ya existe una declaración formal externa: una sentencia del Tribunal Constitucional, una condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o del Tribunal de Justicia de la UE, o la calificación expresa de un organismo como el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa). No es una valoración de la obra. [14.00-4.1; anexo A; cifras con el art. 21 reclasificado (7.3) y los arts. 7, 110 y 111 pasados a pendiente]

Por títulos. El agregado esconde una asimetría:

• El Título I, los derechos y deberes fundamentales, lo que la Constitución debe directamente al ciudadano, incumple en 25 de sus 46 artículos: el 54,3 %.
• El Título III, las Cortes Generales, incumple en 8 de 31: el 25,8 %.
• El Título II, la Corona, en 3 de 10: el 30 %.
• El Título IX, el Tribunal Constitucional, en 1 de 7: el 14,3 %, el más bajo.

[14.00-4.2; anexo A]

Lo que no es. No es el escenario de tiranía sistemática que la teoría exige para hablar de ruptura del pacto (6.5). Los contrapesos siguen activos y, en casos verificados, han funcionado: el Constitucional desestimó el recurso contra la ley que abrió el matrimonio a las parejas del mismo sexo (7.3); la plusvalía municipal se anuló (5.1, n.º 9); el Supremo condenó a un Fiscal General del Estado en ejercicio; el Tribunal de Justicia de la UE declaró insuficiente el modelo español de temporalidad en el empleo público (anexo A, arts. 124 y 103.3). Ninguno de los 69 incumplimientos equivale a un rey que disuelve el Parlamento. [14.00-4.3]

El valor del método. La conclusión es moderada; el aporte es el método. Se puede discutir durante horas si España «cumple su contrato social», porque es una discusión de valores. No se puede discutir del mismo modo si el Fondo de Compensación Interterritorial ha caído del 0,2 % al 0,02 % del PIB: es un hecho con fuente, que cualquiera puede comprobar (anexo A, art. 158.2). El método, paso a paso, para repetirlo con la Constitución de cualquier país, está en el anexo G. [14.00-5.1, 5.2 y 7.1]

Conclusión, lo que arrojan los datos: la Constitución se puede auditar artículo por artículo, con fuente, sin opinar. Se cumplen 93 de 169 artículos, y en 23 de los 69 incumplidos ya hay declaración formal externa. Y aparece una asimetría medible: el sistema resuelve mejor sus conflictos internos que sus obligaciones con el ciudadano. Lo que no prueba: una ruptura del pacto en el sentido que la teoría clásica reserva para su último recurso. [14.00-4.4]

7.2 El método de Núremberg

La idea: el poder no se juzga con relatos, sino con sus propios documentos. Quince normas, cada una frente al hecho que le sigue.

El origen. En Núremberg, el fiscal Robert H. Jackson escribió al presidente de Estados Unidos, el 6 de junio de 1945: «si no escribimos el registro de este movimiento con claridad y precisión, no podremos culpar al futuro si, en días de paz, encuentra increíbles las acusaciones generales hechas durante la guerra. Debemos probar hechos increíbles con pruebas creíbles» [original: «Unless we write the record of this movement with clarity and precision, we cannot blame the future if in days of peace it finds incredible the accusatory generalities uttered during the war. We must establish incredible events by credible evidence.»] (Jackson, informe al presidente, 6-6-1945, Avalon Project)^◦prueba ✔. Y en su discurso de apertura dijo al tribunal: «No les pediremos que condenen a estos hombres por el testimonio de sus enemigos. No hay cargo de la acusación que no pueda probarse con libros y registros» [original: «We will not ask you to convict these men on the testimony of their foes. There is no count in the Indictment that cannot be proved by books and records.»] (Jackson, discurso de apertura, 21-11-1945, Trial of the Major War Criminals, vol. II)^◦prueba ✔. Uno de los fiscales lo contó después: Jackson pensaba llevar el juicio con testigos completados con documentos, y al ver la colección de documentos lo llevó «sobre todo con documentos completados con testigos» [original: «primarily through documents supplemented by witnesses»] (Whitney Harris, audiencia de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, 2003)^◦prueba ✔. [15.00-1.1; Jackson leído en el Avalon Project; nuevo, aprobado por Kiko el 5-oct]

El método de Núremberg. Desde aquí, la edición llama así a juzgar al poder con sus propios textos: la norma, en su letra; el hecho verificado que le sigue; la fuente exacta. Sin clasificación ni interpretación por caso: el contraste habla solo. La lectura de conjunto, si la hay, va aparte y marcada. No equipara nada con aquel juicio: toma su método, a otra escala. Su principio, que responde la persona, se vio en 1.4. [15.00-1.2]

Quince normas frente a sus hechos

1. La asignación de los representantes. «Los Diputados y Senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas Cámaras» (Constitución, art. 71.4)^◦prueba ✔. En 2026, la asignación «idéntica para todos los Diputados» es de 3.366,99 euros al mes, más complementos (Congreso de los Diputados, régimen económico)^◦. El Reino Unido creó en 2009 un organismo independiente, la IPSA (Parliamentary Standards Act 2009, art. 3)^◦, que fija los sueldos de los diputados desde 2011. [15.00-2.1 a 2.3]
2. El gobierno de los jueces. De los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial, «doce entre Jueces y Magistrados» (Constitución, art. 122.3)^◦prueba ✔; hoy los veinte los eligen las Cortes (6.4). Su mandato caducó en diciembre de 2018 y no se renovó hasta junio de 2024 (anexo A, art. 122). El GRECO llamó a ese bloqueo «un asunto de preocupación crítica» [original: «a matter of critical concern»] (GRECO, Cuarta Ronda, segunda adenda al segundo informe de cumplimiento, 2024)^◦prueba ✔. La reforma de 2024 encargó al nuevo Consejo una propuesta de reforma del sistema de elección en seis meses (Ley Orgánica 3/2024, disposición adicional única)^◦. [15.00-3.1 a 3.3]
3. El amparo. Ya se vio: en 2025, de 9.089 recursos de amparo, 59 se admitieron a trámite (5.1, n.º 19). La primera causa de inadmisión fue la «falta de especial trascendencia constitucional», en 5.401 casos (Tribunal Constitucional, Memoria 2025)^◦: un filtro que no está en el art. 53.2 de la Constitución. [15.00-4.1 a 4.3]
4. La deuda, primero. El pago de la deuda pública «gozará de prioridad absoluta» (Constitución, art. 135.3)^◦prueba ✔, por la reforma de 2011, hecha sin referéndum. En 2025, las administraciones pagaron 40.314 millones en intereses e invirtieron 49.632 (Eurostat, cuentas de las administraciones públicas)^◦: por cada 5 euros que se invierten, se pagan unos 4 en intereses, el 81 % (cálculo de la obra; 8.6). [15.00-5.1 a 5.3]
5. La riqueza del país. «Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general» (Constitución, art. 128.1)^◦prueba ✔. El rescate bancario costó, «a 31 de diciembre de 2021», 71.833 millones; los recursos públicos «ciertamente empleados» fueron 50.621 millones (Tribunal de Cuentas, Informe n.º 1.513, BOE de 15-7-2025)^◦. En 2019, el Banco de España daba 5.225 millones recuperados (Banco de España, nota de ayudas financieras, 2019)^◦. [15.00-6.1 a 6.3]
6. La inviolabilidad. «La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad» (Constitución, art. 56.3)^◦prueba ✔. La Fiscalía del Supremo archivó en 2022 sus diligencias sobre el anterior Jefe del Estado: unas por prescripción, y lo anterior al 19 de junio de 2014 porque estaba «protegido por la inviolabilidad» (Fiscalía General del Estado, nota de 2-3-2022)^◦prueba ✔; en 2025, el Supremo inadmitió una querella con el mismo límite (auto del Tribunal Supremo de 24-4-2025)^◦. Ningún tribunal ha examinado nada anterior a esa fecha. [15.00-7.1 a 7.3]
7. La transparencia de la Corona. Las reglas de la Casa del Rey las fija un real decreto propio: el de 2022 obliga a su personal de alta dirección a presentar «una declaración de bienes y derechos patrimoniales» y añade la publicidad a su contratación (Real Decreto 297/2022)^◦. No una ley. [15.00-8.1 a 8.3]
8. La crítica al Jefe del Estado. La Constitución protege «expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones» (art. 20.1). El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por castigar a dos personas que quemaron una fotografía de los Reyes: «no se trataba de un ataque personal dirigido contra el rey de España […] sino de una crítica a lo que el Rey representa, como Jefe y símbolo del aparato estatal» (TEDH, Stern Taulats y Roura Capellera c. España, 13-3-2018, traducción del Ministerio de Justicia)^◦prueba ✔. [15.00-9.1 a 9.3]
9. El confinamiento. El estado de alarma «no permite la suspensión de ningún derecho fundamental (art. 55.1 CE contrario sensu)». Y el Constitucional concluyó que prohibir circular a todas las personas, por cualquier sitio y en cualquier momento, salvo excepciones, «supone un vaciamiento de hecho o, si se quiere, una suspensión del derecho» (STC 148/2021)^◦prueba ✔. Del segundo estado de alarma anuló, entre otros, la delegación en las autoridades autonómicas (STC 183/2021)^◦. [15.00-10.1 a 10.3]
10. Los tributos anulados. Ya se vio: la amnistía fiscal y la plusvalía se anularon, y lo pagado y firme no se devolvió (5.1, n.º 9). Además de lo firme, quedaron consolidadas las liquidaciones no impugnadas y las autoliquidaciones sin rectificación pedida a la fecha de la sentencia (STC 182/2021, FJ 6)^◦. [15.00-11.1 a 11.3]
11. La Administración. La Administración «sirve con objetividad los intereses generales» (Constitución, art. 103.1)^◦prueba ✔. El Tribunal de Cuentas fiscalizó la contratación menor en 2026 (Informe n.º 1.670, aprobado el 26-2-2026)^◦, y sobre la Cuenta General de 2024 advirtió que la Seguridad Social tiene un patrimonio neto negativo de 106.138,7 millones y que el resultado presupuestario consolidado está «sobrevalorado en 4.090,3 millones» (Tribunal de Cuentas, Declaración sobre la Cuenta General del Estado de 2024)^◦prueba ·. [15.00-12.1 a 12.3]
12. Los territorios. «Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales» (Constitución, art. 138.2)^◦prueba ✔. La ley de financiación regula solo las comunidades «de régimen común» (Ley 22/2009, art. 1)^◦; el País Vasco y Navarra tienen su Concierto y su Convenio (Leyes 12/2002 y 28/1990). [15.00-13.1 a 13.3]
13. La juventud. Los poderes públicos «promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud» (art. 48). «Solo el 14,5 % de la juventud estaba emancipada», «el peor dato de emancipación desde que existen registros»; la edad media de emancipación es de 30,2 años, y alquilar en solitario supone «el 98,7 % del salario de una persona joven» (Consejo de la Juventud de España, Observatorio de Emancipación, 2025)^◦prueba ✔. [15.00-14.1 a 14.3]
14. La reforma de la Constitución. En casi cuarenta y ocho años se ha reformado cuatro veces: el art. 13.2 en 1992, el 135 en 2011, el 49 en 2024 y el 69.3 en 2026 (BOE, reformas de 27-8-1992, 27-9-2011, 15-2-2024 y 19-5-2026)^◦. De la de 2024 dijo el Gobierno que era «la tercera desde la entrada en vigor de la Constitución, pero la primera de contenido social» (La Moncloa, nota de 18-1-2024)^◦prueba ✔. [15.00-15.1 a 15.3]
15. El freno que funcionó. La Sala de lo Penal del Supremo planteó una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía de 2024. El Constitucional declaró inconstitucional su art. 1.1 «con el alcance y los efectos» que fija la sentencia, y nulo un párrafo del 1.3, y desestimó el resto (STC 137/2025)^◦; y estimó en parte la cuestión del Supremo «en los términos ya establecidos» en esa sentencia (STC 164/2025)^◦. Aquí, el contrapeso funcionó. [15.00-16.1 a 16.3]

Lo que dibujan juntos. Ninguno de los catorce primeros, leído por separado, prueba más de lo que dice. Leídos juntos, dibujan algo que ninguno explica solo: el poder que decide su propio sueldo no encuentra freno; el órgano que debe frenarlo tarda años en renovarse bajo el reparto de los mismos partidos; y cuando el ciudadano busca ese freno por la vía que la Constitución le da, se le admite una vez de cada ciento cincuenta, mientras el pago a quien presta al Estado tiene, por escrito, prioridad absoluta. Y el decimoquinto rompe el patrón: el sistema todavía se frena a sí mismo alguna vez. No es un mecanismo vaciado del todo. [15.00-18.1 y 18.2]

7.3 La Constitución y los hechos

La idea: once casos más con el mismo método. Dos rompen el patrón, y uno, leído en su original, no es lo que parecía.

1. La reunión ante el Parlamento. «Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas» (Constitución, art. 21.1)^◦prueba ✔. La ley de seguridad ciudadana sanciona como infracción grave, con multa de 601 a 30.000 euros, «la perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas» (Ley Orgánica 4/2015, arts. 36.2 y 39.1)^◦prueba ✔. Reunirse sin comunicarlo es una infracción leve, de 100 a 600 euros (art. 37.1)^◦. El Constitucional anuló solo el inciso «no autorizado» del art. 36.23 y desestimó el resto del recurso (STC 172/2020)^◦. Leído en el original, este caso no muestra un incumplimiento: castiga la perturbación grave, no la protesta pacífica. [16.00-2.1 a 2.3; corregido al leer la ley]
2. La lengua, en la ley. «El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla» (art. 3.1). La ley de 2013 decía: «El castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado» (Ley Orgánica 8/2013)^◦prueba ✔; la de 2020 suprimió esa frase (Ley Orgánica 3/2020)^◦, y el Constitucional desestimó el recurso contra ella (STC 49/2023)^◦. [16.00-3.1 a 3.3]
3. La lengua, en la escuela. En Cataluña, el Tribunal Superior fijó en 2020 un mínimo del 25 % de enseñanza en castellano en todo el sistema, y el Supremo inadmitió el recurso de la Generalitat (nota del CGPJ, diciembre de 2020; providencia del Tribunal Supremo de 18-11-2021)^◦. El Supremo ya había considerado razonable ese 25 % en 2015, en casos de familias concretas (sentencias del Tribunal Supremo de 23 y 28 de abril de 2015)^◦. La prueba del pleito fue una muestra: solo 5 de 184 centros impartían en castellano el 25 % de las materias (sentencia del TSJ de Cataluña de 16-12-2020, fundamento tercero)^◦; es la situación anterior a la sentencia. La sentencia es firme desde enero de 2022. En mayo, el Tribunal constató que la Generalitat «no había ejecutado la sentencia en el plazo voluntario»; tras un decreto ley y una ley catalanas de ese año, declaró que el modelo que imponen «bloquea la ejecución de la sentencia», planteó una cuestión de inconstitucionalidad y dejó el pleito «en suspenso» (auto del TSJ de Cataluña de 28-7-2022)^◦. A 6 de octubre de 2026, el Constitucional no la ha resuelto. [16.00-4.1 a 4.3; la sentencia y el auto, leídos en su original el 6-oct]
4. El matrimonio. «El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica» (art. 32.1). El Constitucional desestimó el recurso contra la ley de 2005 que lo abrió a las parejas del mismo sexo: es «una opción no excluida por el constituyente» (STC 198/2012, FJ 9)^◦prueba ✔. Pasaron siete años entre el recurso y la sentencia. [16.00-5.1 a 5.3]
5. La prisión permanente revisable. Las penas «estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social» (art. 25.2). El Constitucional la avaló en 2021, con un voto particular de tres magistrados, exigiendo que la pena ofrezca al condenado «una expectativa o esperanza realista, no meramente teórica, de alcanzar algún día la libertad» (STC 169/2021, FJ 4)^◦prueba ✔, adaptando la doctrina europea de la pena «reducible de derecho y de hecho» [original: «de jure et de facto compressible»] (TEDH, Kafkaris c. Chipre, 2008)^◦prueba ✔. Un estudio de 2023 se tituló «constitucionalidad declarada, inconstitucionalidad manifiesta» (Gómez Garrido, Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, n.º 48, 2023; por el título)^◦prueba ✔. [16.00-6.1 a 6.3]
6. El voto desde el exterior. La propia ley que suprimió el voto rogado reconoce que, en las elecciones generales de 2011 a 2019, «menos del 10 por ciento» de los electores residentes fuera lo solicitaron (con la excepción de noviembre de 2019, el 10,61 %), cuando antes la participación oscilaba entre el 22,99 % y el 31,88 % (Ley Orgánica 12/2022, preámbulo)^◦. [16.00-7.1 a 7.3]
7. La soberanía. El Constitucional declaró nulas las leyes catalanas de consultas y del referéndum de autodeterminación (SSTC 31/2015 y 114/2017)^◦, y estimó íntegramente el recurso contra la ley catalana de consultas de 2010 (STC 51/2017)^◦. Son intentos frenados (7.4). [16.00-8.1 a 8.3]
8. La financiación de los partidos. «Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos» (art. 6). En 2009, el GRECO dirigió a España seis recomendaciones sobre la financiación de los partidos; en 2011 no se había cumplido del todo ninguna, y en 2016 se habían cumplido cinco (GRECO, Tercera Ronda, informe de cumplimiento de 2011 y segunda adenda de 2016)^◦. Y pidió que las fundaciones vinculadas no se usen «como una vía paralela de financiación fraudulenta» [original: «as a parallel avenue for fraudulent funding»] (segunda adenda, 2016)^◦prueba ✔. [16.00-9.1 a 9.3]
9. El Defensor del Pueblo. Puede formular «advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias»; si no le responden, lo pone en conocimiento del ministro, y si tampoco, lo incluye en su informe «con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios» (Ley Orgánica 3/1981, art. 30)^◦prueba ✔. No tiene otra sanción. [16.00-10.1 a 10.3]
10. La vivienda. En 2025 se practicaron 24.540 lanzamientos, un 11 % menos que en 2024; las ejecuciones hipotecarias presentadas pasaron de 23.164 a 31.416 (CGPJ, efectos de la crisis en los órganos judiciales, 2025)^◦. En el primer trimestre de 2026, 4.005 lanzamientos (CGPJ, primer trimestre de 2026)^◦. [16.00-11.1 a 11.3]
11. La sucesión a la Corona. En el mismo grado, se prefiere «el varón a la mujer» (art. 57.1). El Consejo de Estado aconsejó en 2006 reformarlo: los arts. 14 y 57.1 «tienen ámbitos de aplicación distintos en el texto constitucional y no se interfieren mutuamente», y la conveniencia de la reforma no viene de una contradicción jurídica, «sino del progresivo deterioro» que ha sufrido «en la conciencia social todo tipo de postergación femenina» (Consejo de Estado, informe sobre modificaciones de la Constitución, 16-2-2006)^◦prueba ✔. No se ha reformado. [16.00-12.1 a 12.3]

Lo que rompe el patrón. Hay que decirlo con el mismo relieve: el Constitucional avaló una ley que amplió un derecho, el del matrimonio; y el Consejo de Estado señaló con precisión una desigualdad escrita en la Constitución, aunque su consejo no se siguiera. Y un caso, el de la reunión ante el Parlamento, resultó, leído en su original, no ser un incumplimiento. El sistema no es una maquinaria que solo produzca fallos. [16.00-14.2]

Conclusión, lo que arrojan los datos: ninguno de estos casos, por separado, prueba más de lo que dice. Juntos extienden el mismo patrón de 7.2 a otros terrenos: el voto de quien vive fuera, la lengua, la igualdad en la Corona, la vivienda. Ninguna pieza sola sostiene una acusación; juntas, dibujan un cuerpo hecho de partes legales, cada una defendible. [16.00-14.1 y 14.3]

7.4 El bien común frente al organigrama

La idea: separados en dos grupos, los mismos 169 artículos muestran que la Constitución se incumple el doble en lo que promete al ciudadano que en lo que organiza al poder. Y que el freno actúa cinco veces más cuando el poder se controla a sí mismo.

Dos grupos. Con la misma etiqueta que lleva cada ficha de la auditoría:

• el bien común (66 artículos): lo que afecta al ciudadano en su vida diaria: derechos y libertades, trabajo, sanidad, vivienda, educación, familia, seguridad social, tutela judicial, participación;
• el organigrama del poder (103 artículos): lo que regula el aparato del Estado: la Corona, las Cortes, el Gobierno, el Poder Judicial como institución, el reparto territorial, el Tribunal Constitucional, los procedimientos.

Cada artículo cuenta una vez: 66 + 103 = 169. [18.00-1.1 a 2.4]

El intento frenado. Desde aquí, la edición llama así al cumplimiento que se sostiene porque un tribunal corrigió de verdad un intento de extralimitación: una anulación, una condena o una declaración de inconstitucionalidad ya dictadas. No basta una alegación ni una sospecha. Y un recurso desestimado no cuenta como intento frenado, sino como cumplimiento limpio, porque ningún tribunal confirmó la extralimitación. [18.00-2.5]

Las cifras.

[18.00-3.1, 4.1 y 5.1 a 5.2; anexo A; con el art. 21 reclasificado y los arts. 7, 110 y 111 pasados a pendiente]

El freno. Montesquieu propuso un mecanismo, «que el poder frene al poder» (6.5), y eso se puede medir: de las veces que hubo una extralimitación real, ¿cuántas la corrigió otro poder? En el bien común, 2 de 43: el 4,65 %. En el organigrama, 10 de 38: el 26,32 %. El freno actúa más de cinco veces más a menudo cuando el poder se controla a sí mismo que cuando protege al ciudadano. [10.00-16.1 a 16.3 y 16.6; 18.00-8.4]

La amenaza acumulada. Sumando lo incumplido y lo frenado, el 65,2 % de los artículos del bien común ha estado alguna vez bajo una amenaza real, frente al 36,9 % de los del organigrama. Mide la fragilidad, no el desenlace: el intento frenado es, a la vez, prueba de amenaza y prueba de que los tribunales respondieron. [18.00-6.1 y 6.2]

Los intentos frenados. En el bien común: las leyes catalanas de consultas y de autodeterminación (art. 1) y disposiciones de la reforma local de 2013 (art. 140). En el organigrama, entre otros: las leyes catalanas de 2017 (art. 2); tres reglamentos y una ordenanza anulados en poco más de dos años (art. 97); el Gobierno en funciones de 2016, que sostuvo no estar sujeto al control de las Cortes, corregido por el Constitucional (art. 101); un convenio entre Cataluña y Murcia anulado por falta de autorización de las Cortes (art. 145.2); los catorce artículos del Estatut anulados total o parcialmente (art. 147). Las resoluciones, con su órgano y su fecha, en el anexo A. [18.00-3.4 y 4.5]

Algunos ejemplos. Del bien común, sin corrección: las condenas del Tribunal Europeo por no investigar torturas (art. 15); el confinamiento con el instrumento más débil (arts. 19 y 55); la condena por perseguir la crítica al Jefe del Estado (art. 20); la temporalidad en el empleo público (art. 103.3); los asuntos pendientes en la Justicia (art. 120.3). Del organigrama, sin corrección: los cinco años y medio sin renovar el Consejo General del Poder Judicial (art. 122) y el Fondo de Compensación Interterritorial en su mínimo (art. 158.2). Y cumplimiento limpio: la mayoría de edad (art. 12), el matrimonio (art. 32), las seis mociones de censura con el diseño constructivo (art. 113). [18.00-3.5, 3.6, 4.6 y 4.7]

Lo que esto prueba y lo que no. Prueba que la asimetría resiste dividir los 169 artículos en dos grupos y tres categorías y contarlos por separado. No prueba una intención unificada: un resultado medido no es una causa demostrada. Tampoco que el patrón de 1793 (6.1) sea un plan: doce correcciones reales lo contradicen. Y no mide la retórica: si el poder invocó la voluntad del pueblo mientras dejaba fuera la condición que la hacía general, eso exigiría leer discursos y debates caso por caso. [18.00-5.3; 10.00-16.4 y 16.5]

Conclusión, lo que arrojan los datos: el ciudadano encuentra su Constitución incumplida en más de tres de cada cinco artículos que le afectan directamente; el aparato del poder, en casi tres de cada diez de los de su propio funcionamiento. Y el freno de Montesquieu funciona en España, pero de forma desigual: protege más al poder que al ciudadano. [18.00-5.1; 10.00-16.5]

7.5 La corrupción de la forma

La idea: algo puede conservar su nombre, su cargo y su título y haber perdido la sustancia que lo sostenía. Las tradiciones lo vieron; y el propio sistema auditado mide así: por los resultados.

La forma y la materia. Aristóteles lo explicó con una estatua: «por materia entiendo, por ejemplo, el bronce; por forma, la figura; y por lo que resulta de ambas, la estatua, el conjunto» [original: «λέγω δὲ τὴν μὲν ὕλην οἷον τὸν χαλκόν, τὴν δὲ μορφὴν τὸ σχῆμα τῆς ἰδέας, τὸ δʼ ἐκ τούτων τὸν ἀνδριάντα τὸ σύνολον»] (Aristóteles, Metafísica VII, 3, 1029a)^◦prueba ✔. Sin la forma, queda bronce fundido; sin el bronce, un dibujo en un papel. La estatua necesita las dos cosas. La filosofía posterior llamó a esto hilemorfismo, de hyle, materia, y morphé, forma. [19.00-1.1 y 1.2; Aristóteles leído en griego]

La corrupción de la forma. Desde aquí, la edición llama así a lo que conserva el nombre, el cargo o el título, la forma, pero ha perdido la sustancia que lo sostenía: la norma que sigue en el texto y ya no organiza la vida que prometía organizar. Es un diagnóstico de un acto o de una norma concreta, no una sentencia sobre la institución entera y para siempre. [19.00-0.1 y 24.1]

Lo vieron tradiciones sin contacto documentado entre sí.

• China. Confucio: «si los nombres no son correctos, el lenguaje no se ajusta a la verdad de las cosas; si el lenguaje no se ajusta a la verdad de las cosas, los asuntos no se llevan a cabo» [original: «名不正，則言不順；言不順，則事不成»]; y la cadena sigue hasta que el pueblo «no sabe dónde poner las manos ni los pies» [original: «民無所措手足»] (Confucio, Analectas XIII, 3; traducción de Legge)^◦prueba ✔. Es la rectificación de los nombres. Mencio llevó la idea al gobernante: el que daña la benevolencia y la justicia ya no es un soberano, sino «un simple individuo» (3.2, P1). [19.00-2.1 y 2.2]
• Roma. Séneca, a Nerón: «el tirano se distingue del rey por los hechos, no por el nombre» [original: «Tyrannus autem a rege factis distat, non nomine»] (Séneca, De clementia I, 12, 1)^◦prueba ✔. No es una pata independiente: viene de la tradición griega. [19.00-4.1 y 4.2]
• El Nuevo Testamento. «Teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella» [original: «ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι»] (2 Tim 3:5)^◦prueba ✔. La palabra griega, mórphosis, es de la misma familia que la de Aristóteles. [19.00-5.1 y 5.2]
• Egipto. Ya se vio Maat (4.2). Textos del Imperio Medio describen la época de desorden con esa palabra: «la justicia ha sido expulsada, la iniquidad está en medio de la sala del consejo» [original: «Righteousness is cast out, iniquity is in the midst of the council-hall»] (Lamento de Jajeperreseneb, traducción de Breasted, 1912)^◦prueba ✔; y la Profecía de Neferti anuncia un rey con el que «la justicia volverá a su lugar, y la injusticia será expulsada» [original: «Das Recht wird wieder an seine Stelle kommen und das Unrecht, das ist herausgejagt»] (Erman, Die Literatur der Aegypter, 1923)^◦prueba ✔. Son textos posteriores al colapso, que miran atrás, no de la época misma. Y no consta ningún faraón depuesto en vida por fallar a Maat. [19.00-3.1; nuevo, aprobado por Kiko el 5-oct]

Y tradiciones que lo hicieron institución.

• Los ashanti. Cualquier persona del común podía iniciar el proceso para destituir a un jefe; el jefe era juzgado, y si se le destituía, se le retiraba el taburete, el símbolo del cargo (Rattray, Ashanti Law and Constitution, 1929, pp. 145-146)^◦. Alcanzaba a la cúspide: el rey Kofi Karikari fue depuesto en 1874, cuando se descubrió que había profanado las tumbas de sus antepasados (Claridge, A History of the Gold Coast and Ashanti, 1915)^◦. Y sigue vivo: en 2024, el Asantehene destituyó a tres jefes por su implicación en la minería ilegal; en 2025, a otro, con estas palabras: «Juraste con el Gran Juramento ser veraz, y fuiste contra él. No mereces seguir en el taburete» [original: «You vowed with the Great Oath to be truthful but you went against it. You don't deserve to stay on the stool»]; y en julio de 2026, a un jefe que llevaba ochenta y nueve años en el cargo (Graphic Online, 28-8-2024 y 1-3-2025; MyJoyOnline, 28-7-2026; fuente secundaria: prensa)^◦. [19.00-6.1; Rattray y Claridge leídos en Internet Archive]
• Los iroqueses. El señor que no tiene en mente el bien del pueblo es despojado de su título, tras tres advertencias, por orden de las mujeres a quienes pertenece (3.2, P1; la fecha de la Gran Ley se discute y su texto escrito es reciente, de 1916). [19.00-7.1]
• Los incas. Había veedores que andaban en secreto por los distritos viendo «lo que mal hacían» los oficiales, «y daban cuenta dello a los superiores, a quien tocaba el castigo»: «Llamábanse Tucuricocc, que quiere decir el que lo mira todo» (Garcilaso de la Vega, Comentarios reales II, 14)^◦prueba ·. Vigilaban el poder delegado, no al Inca. [19.00-8.1]
• Qumrán. La Regla de la Comunidad castiga dentro de la propia comunidad, con penas graduadas: «si se encuentra entre ellos a un hombre que miente sobre sus bienes a sabiendas, lo apartarán de la pureza de los Muchos durante un año, y será castigado con la cuarta parte de su pan» [original: «אם ימצא בם איש אשר ישקר בהון והואה יודע ויבדילהו מתוך טהרת רבים שנה אחת ונענשו את רביעית לחמו»] (Regla de la Comunidad, 1QS VI, 24-25)^◦prueba ·. No es un mecanismo para deponer a un jefe, sino un código escrito para que la comunidad se corrija por dentro. La mayoría de los estudiosos la identifica con los esenios, aunque no es unánime (Encyclopaedia Britannica, «Essene»; fuente secundaria)^◦. [19.00-10.1 y 10.2; 1QS leído en hebreo]

El patrón, aplicado por el propio auditado. No hace falta inventar el criterio: el sistema tiene el suyo.

• La norma internacional. La auditoría de desempeño es «una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las acciones, sistemas, operaciones, programas, actividades u organizaciones del gobierno operan de acuerdo con los principios de economía, eficiencia y eficacia, y sobre si existen áreas de mejora» (INTOSAI, ISSAI 300, 2019, p. 8)^◦prueba ✔. No mide si se siguió el procedimiento: mide si se logró el resultado.
• La ley europea. La eficacia «se refiere a la medida en que se alcanzan los objetivos perseguidos mediante las actividades acometidas» (Reglamento (UE, Euratom) 2024/2509, art. 33)^◦prueba ✔. Un reglamento de la Unión se aplica directamente en España (Tratado de Funcionamiento de la UE, art. 288).
• El Tribunal de Cuentas. Su propio manual define la fiscalización operativa como una revisión «realizada por personal cualificado» que verifica si las actuaciones «son concordantes con los principios de eficacia, eficiencia y economía» (Tribunal de Cuentas, Manual de fiscalización operativa o de gestión, citado en la Revista Española de Control Externo, n.º 53, 2016)^◦prueba ·.

Es decir: no por sus procedimientos, sino por sus frutos. [19.00-25.1 a 25.4]

Siete casos de la Constitución, con su calificación exacta. El criterio no permite declarar «el Estado está corrompido» como sentencia total; obliga a decir cuándo la forma se restauró y cuándo el defecto está en el diseño de origen y no en el incumplimiento. [19.00-24.1]

1. Art. 31.1, el IVA de los pequeños autónomos. La Comisión Europea llevó a España ante el Tribunal de Justicia por no adoptar las disposiciones de la directiva que regula el régimen especial de las pequeñas empresas (asunto C-504/26, Diario Oficial de la UE)^◦. Corrupción por omisión. Sin resolver.
2. Art. 9.3, la Zona de Bajas Emisiones de Madrid. El Tribunal Superior de Madrid la anuló por la «patente insuficiencia del informe de impacto económico» (nota del CGPJ, 17-9-2024)^◦prueba ✔. Corrupción de la forma, declarada por sentencia. Restaurada solo hacia el futuro.
3. Art. 24.2, la presunción en lo sancionador. La ley reconoce al presunto responsable el derecho «a la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario» (Ley 39/2015, art. 53.2.b)^◦prueba ✔, y el Constitucional extendió «con ciertos matices» los principios del orden penal al derecho administrativo sancionador (STC 18/1981)^◦. La corrupción está donde la práctica invierte esa carga. Restauración parcial: hay que reclamarla caso por caso.
4. Art. 50, el Fondo de Reserva. Pasó de 66.815 millones en 2011 a 5.043 en 2018, y a 31 de marzo de 2026 tenía 15.267 millones, su máximo en diez años (Fondo de Reserva, informe a las Cortes, 2025; La Moncloa, 13-4-2026)^◦. No fue apropiación indebida: se usó para pagar pensiones. Es un diseño sin blindaje. En recuperación.
5. Art. 39, la infancia. En 2025, el 33,8 % de los menores de 18 años estaba en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 25,7 % del conjunto (INE, Encuesta de Condiciones de Vida 2025)^◦. Corrupción sin un acto que impugnar: un resultado sostenido de política pública. Sin resolver.
6. Art. 71.4, la asignación. Aquí no hay corrupción de la forma: la Constitución autoriza expresamente que las Cámaras la fijen (7.2, n.º 1). Es una laguna de origen: corregirla exige reformar, no restaurar.
7. Art. 128.1, la expropiación en favor de un monopolio. Según la información disponible, el Supremo avaló en 2026 que el justiprecio se calculara con la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, sin ajuste por la posición de la beneficiaria (fuente secundaria; no se ha podido leer la sentencia)^◦. Si es así, el defecto no está en el acto, sino en una ley de setenta y dos años: forma envejecida.

[19.00-26.1 a 32.1; Ley 39/2015 y STC 18/1981 leídas en el original]

Lo que la tabla demuestra, y lo que no. De los siete casos, dos están reparados o en reparación (la Zona de Bajas Emisiones y el Fondo de Reserva); dos son lagunas de diseño, no incumplimientos (la asignación y la expropiación); y tres siguen sin resolver (el IVA, la presunción en lo sancionador y la pobreza infantil). Una forma que falla, a veces se corrige y otras lleva su fallo escrito de origen: esa es la verdad completa. La misma estructura dentro del orden de las leyes, donde la ley se blinda frente a la costumbre que la deja sin vida, se vio en 1.7. [19.00-33.1 y 34.1]

Conclusión, lo que arrojan los datos: la idea de que una forma sin sustancia es corrupción la sostienen tradiciones sin contacto documentado entre sí, y varias la hicieron institución: el taburete ashanti, el título iroqués, el veedor inca, la regla de Qumrán. Y es la medida del propio sistema: la norma internacional de auditoría, la ley europea y el Tribunal de Cuentas miden por los resultados. Aplicada a la Constitución, encuentra corrupciones puntuales y lagunas de origen, y también restauraciones. [19.00-0.1 y 33.1]

7.6 El cobro blindado y el deber aplazado

La idea: cuando el ciudadano incumple, el Estado cobra solo y deprisa; cuando incumple el Estado, el ciudadano no tiene un mecanismo igual. No hace falta suponer mala fe: bastan los artículos, las cifras y las sentencias.

El encuadre. No es una intención de nadie: es la acumulación de potestades y capas normativas creadas en momentos distintos, sin revisión de conjunto, con un resultado asimétrico. [22.00-0.1]

El cobro

Sin juez. Un acreedor particular necesita un título ejecutivo (5.1, n.º 15). La Administración no: sus actos «se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten» (Ley 39/2015, art. 39.1)^◦prueba ✔, «serán inmediatamente ejecutivos» (art. 98.1)^◦prueba ✔, y puede ejecutarlos ella misma, incluido el «apremio sobre el patrimonio» (arts. 99 y 100.1.a)^◦prueba ·. Es un poder real, con un fin declarado, el interés general, y sujeto a recurso: contra la providencia de apremio caben los motivos de oposición tasados de la ley (Ley General Tributaria, art. 167.3)^◦. [22.00-1.1 a 1.3]

El recargo en una sola dirección. Al que paga tarde se le aplica un recargo: del 5 % si paga antes de que le notifiquen la providencia de apremio, del 10 % si paga en el plazo que esta le da, y del 20 % después, este último compatible con los intereses de demora (Ley General Tributaria, art. 28)^◦. Cuando es Hacienda la que devuelve tarde, «ésta abonará el interés de demora regulado en el artículo 26» (art. 31.2)^◦prueba ✔: el mismo interés, pero ningún recargo. La asimetría está en el recargo, no en el interés. [22.00-2.1 a 2.3]

El límite que existe. El sistema tributario «en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio» (art. 31.1). El Constitucional lo define: obliga a no agotar la riqueza imponible, lo que ocurriría «si mediante la aplicación de las diversas figuras tributarias vigentes, se llegara a privar al sujeto pasivo de sus rentas y propiedades», asumiendo «la dificultad de situar con criterios técnicamente operativos la frontera» (STC 150/1990, FJ 9)^◦prueba ✔. Y una vez funcionó: la plusvalía municipal era inconstitucional cuando «la cuota a satisfacer es superior al incremento patrimonial realmente obtenido por el contribuyente» (STC 126/2019, FJ 5)^◦prueba ✔. [22.00-3.1 a 3.3]

Las capas. El mismo patrimonio puede pasar por varias sin coordinación entre ellas: la renta al ganarlo, el impuesto sobre bienes inmuebles cada año, el de sucesiones al heredarlo, la plusvalía si subió de valor. Es un fallo de coordinación entre administraciones, no una prueba de intención. Las cifras de la carga, en 8.4. [22.00-4.1 y 4.2]

La palabra del inspector. Las diligencias de la inspección «tienen naturaleza de documentos públicos y hacen prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario» (Ley General Tributaria, art. 107.1)^◦prueba ✔. Admite prueba en contra, y tiene un límite que puso el Constitucional: «ese valor probatorio sólo puede referirse a los hechos comprobados directamente por el funcionario, quedando fuera de su alcance las calificaciones jurídicas, los juicios de valor o las simples opiniones» (STC 76/1990, FJ 8)^◦prueba ✔. [22.00-5.1 a 5.3]

Lo que queda para invertir. En 2025, las administraciones pagaron 40.314 millones en intereses e invirtieron 49.632 (7.2, n.º 4). Además, el Estado aportó 13.347 millones a la Unión Europea (IGAE, indicadores del Estado, diciembre de 2025)^◦. Para 2026, la Autoridad Fiscal estima que el gasto en intereses del conjunto de las administraciones «alcanzará los 43.300 millones, el 2,5 % del PIB» (AIReF, informe sobre los presupuestos iniciales de 2026)^◦prueba ✔. El dato no prueba una intención: prueba que la capacidad de invertir está condicionada por el peso de la deuda. [22.00-6.1 a 6.3]

El deber

Dos clases de norma. La Constitución habla en dos lenguajes. Los deberes del ciudadano son directamente exigibles; los mandatos a los poderes públicos del Capítulo III, «garantizarán», «promoverán», «Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen» (Constitución, art. 53.3)^◦prueba ✔. Ya se vio con la vivienda (5.1, n.º 16). Esa diferencia de fuerza es el primer dato. [22.00-9.1 y 9.2]

Los deberes del ciudadano. Se cumplen, y uno de forma forzada: el de contribuir, garantizado por el cobro ya visto. El de defender España sigue en el texto, pero la prestación del servicio militar se suspendió: la ley la fijó para el 31 de diciembre de 2002 (Ley 17/1999, disposición adicional decimotercera)^◦, y un real decreto la adelantó: «Se adelanta al 31 de diciembre de 2001» (Real Decreto 247/2001, art. 1)^◦prueba ✔. [22.00-10.1 y 10.2]

Los deberes del Estado.

• La familia y la infancia. «Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia» (art. 39.1). La pobreza infantil, 8,1 puntos por encima de la general (7.5, caso 5).
• La vivienda. «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada» (art. 47). En 2024 se vendieron 715.429 viviendas, y solo 65.486 eran nuevas (Ministerio de Vivienda, Observatorio de Vivienda y Suelo, boletín anual 2024)^◦. El precio, en años de renta, se ve en 8.8.
• Las pensiones. La pensión no contributiva de 2026 es de 8.803,20 euros al año; el límite de la pensión pública, de 47.034,40 (Real Decreto 241/2026, arts. 21.1 y 3.1)^◦. Quien ha presidido el Gobierno tiene, además, una pensión indemnizatoria, una dotación de oficina «en la cuantía que se consigne» en los Presupuestos y dos puestos de trabajo (C.4) (Real Decreto 405/1992, arts. 3.1, 3.2 y 4.1, que remite al art. 10, número 5, norma primera, de la Ley 74/1980)^◦.

[22.00-11.1 a 11.4]

Conclusión, lo que arrojan los datos: no es que los deberes sean desiguales en el papel: la Constitución pide mucho al Estado. Es que el mecanismo para hacerlos cumplir es distinto. El incumplimiento del ciudadano se cobra con autotutela, embargo sin juez y recargo; el del Estado, en la vivienda o la infancia, no tiene un mecanismo que el ciudadano pueda activar solo, porque el art. 53.3 exige antes una ley. Y solo dos de los doce principios rectores, la infancia y la vivienda, tienen dato propio en esta auditoría: afirmar que los otros diez fallan igual sería sobreafirmar. [22.00-8.1, 12.1 y 14.1]

7.7 El diseño legal que enfrenta a la gente

La idea: no es que la gente sea peor. Algunos diseños legales obligan a decidir deprisa, cuando la prueba aún no existe, y pueden enfrentar a las personas sin que nadie haya actuado de mala fe.

La tesis. La confianza entre personas no se ha hundido (8.9); lo que se investiga aquí es otra cosa: si ciertos diseños concretos, no la maldad de nadie, pueden hacer que unos usen la ley contra otros de forma que el sentido común no reconoce como legítima. Cada afirmación se comprueba por separado, y se dice igual cuando se confirma y cuando no. [28.00-0.1 y 0.2]

1. La ocupación. En Torrejón de Ardoz, en agosto de 2025, la policía hizo salir a una familia del piso que había sido del hijo fallecido de una mujer de noventa años, tras denunciarlos el antiguo inquilino por allanamiento (ABC, 20-8-2025, entrevista a la familia; Idealista News, 12-9-2025; fuente secundaria: prensa)^◦. Ninguna ley ordena tratar al propietario como intruso; y la ley le da una vía rápida: pueden pedir «la inmediata recuperación de la plena posesión» de una vivienda «la persona física que sea propietaria o poseedora legítima por otro título» (Ley de Enjuiciamiento Civil, art. 250.1.4.º, en la redacción de la Ley 5/2018)^◦prueba ✔. El fallo está antes: en el primer contacto policial, hay que distinguir en minutos lo que un juzgado tarda meses en aclarar. [28.00-1.1 a 1.3]

2. La denuncia y la orden de protección. No basta una denuncia, sin más. La ley convoca «una audiencia urgente» a la víctima y al presunto agresor, que «habrá de celebrarse en un plazo máximo de setenta y dos horas» (Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 544 ter.4)^◦prueba ✔. Y el juez deniega con frecuencia: en 2024 se solicitaron 49.268 órdenes de protección, «fueron acordadas 33.247 y se denegaron otras 15.827» (CGPJ, datos de 2024)^◦prueba ✔; en el segundo trimestre de 2025 no se acordaron el 32,3 % (CGPJ, segundo trimestre de 2025)^◦. [28.00-2.1 a 2.3]

3. La denuncia falsa. De 1.055.912 denuncias por violencia sobre la mujer entre 2009 y 2016, se incoaron 194 causas por denuncia falsa (la Memoria escribe «un 0,18 %», pero la cuenta da el 0,018 %), y en 79 hubo sentencia condenatoria: el 0,0075 % (Fiscalía General del Estado, Memoria 2017)^◦. El promedio de 2009 a 2025 es del 0,007 % (Memoria 2026)^◦. Hay una objeción metodológica legítima: la cifra mide también cuánto se persigue la denuncia falsa, y no solo cuántas hay. Pero es una hipótesis sobre lo que no se mide, no un dato alternativo. [28.00-3.1 a 3.3]

4. La pena por denunciar en falso. La denuncia falsa probada se castiga con prisión de seis meses a dos años y multa, si lo imputado era un delito grave, y con multa en los demás casos (Código Penal, art. 456.1)^◦. Pero las penas de prisión «no superiores a dos años» se pueden suspender (art. 80.1)^◦. Y una absolución no equivale a una denuncia falsa: condenar exige probar que quien denunció sabía que mentía. [28.00-4.1 a 4.3]

5. Sin mediación. En los asuntos de violencia sobre la mujer «está vedada la utilización de los medios adecuados de solución de controversias» (Ley Orgánica del Poder Judicial, art. 89.9)^◦prueba ✔. Todo va por la vía judicial contenciosa, también en los conflictos de baja intensidad. Es una decisión de diseño. [28.00-5.1 y 5.2]

6. Las visitas. Cuando hay una orden de protección con medidas penales e indicios de que los hijos presenciaron, sufrieron o convivieron con la violencia, el juez «suspenderá el régimen de visitas», salvo que, «a instancia de parte», decida no hacerlo «mediante resolución motivada en el interés superior del menor» (Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 544 ter.7)^◦prueba ✔. En 2024 se dictaron 4.155 suspensiones del régimen de visitas y 2.369 de la guarda y custodia (CGPJ, datos de 2024)^◦. La regla protege al menor, y la letra no distingue por sexo: se aplica a quien resulte investigado. Lo que la crítica señala es el momento: se decide al inicio, cuando la prueba suele limitarse a las declaraciones de las partes. [28.00-6.1 a 7.2]

Conclusión, lo que arrojan los datos: tres frentes distintos, la ocupación, la denuncia y las visitas, comparten una estructura: una decisión que hay que tomar deprisa, cuando la prueba completa no existe todavía. En los tres, la letra defiende a quien la crítica dice desprotegido: el propietario tiene la vía rápida; el denunciado, la audiencia y la tasa real de denegaciones; el progenitor investigado, el derecho a pedir que no se suspendan las visitas. Lo que falla, cuando falla, es la distancia entre lo que la ley promete y lo que el reloj del primer momento permite verificar. [28.00-8.1]

Límite honesto de la prueba

• La auditoría mide cumplimiento normativo, no intención: si el hecho documentado coincide con la norma. Un resultado medido no es una causa demostrada. [18.00-5.3]
• No es tiranía sistemática. Los contrapesos actúan: hay doce intentos frenados, y el sistema se corrigió en casos reales. El umbral clásico del derecho de resistencia (6.5) no está en un porcentaje, sino en la gravedad y en el agotamiento de las vías pacíficas, que no están agotadas. [14.00-4.3; 18.00-6.2]
• Un caso, corregido. La ficha del derecho de reunión (art. 21) se apoyaba en una lectura equivocada de la ley de seguridad ciudadana: el art. 36.2 castiga la perturbación grave, no la protesta pacífica, y el Constitucional lo declaró constitucional. Por el criterio de la propia obra, cuenta como cumplimiento limpio, y así van las cifras de este capítulo (93, 69 y 7; 62,1 % y 4,65 %).
• Tres casos, pasados a pendiente. El art. 7 (sindicatos) se contaba como incumplimiento sin que lo sostuviera el único hecho leído, un informe del Tribunal de Cuentas de 2014 sobre un contrato concreto que cumplía la ley; el art. 110 (reclamar la presencia del Gobierno) se apoyaba en un conflicto de agosto de 2026 todavía abierto; y el art. 111 (el Gobierno, sometido a las preguntas de las Cámaras) se apoyaba en una cifra de plazos que incluye el plazo ampliado, que es legal, y que calculan terceros con datos que el Congreso publica pregunta a pregunta, pero no en un conjunto de datos abiertos con que auditarla en bloque. Los tres pasan de incumplir a pendiente (anexo A), y por eso el recuento es 93, 69 y 7, y el incumplimiento del organigrama del poder, el 27,2 %.
• Los casos son una selección, con su fuente. La auditoría completa, con los 169 artículos, está en el anexo A.
• La corrupción de la forma es un diagnóstico puntual, no una sentencia sobre la institución entera. Dos de los siete casos están reparados o en reparación, y dos son lagunas de diseño. [19.00-24.1 y 33.1]
• Solo dos de los doce principios rectores tienen dato propio en esta auditoría. [22.00-14.1]
• Fuentes secundarias: el Museo del Holocausto de Estados Unidos (Núremberg), la descripción del Frankenstate (el artículo de Scheppele es de pago), la prensa ghanesa, la Británica (esenios), Idealista News (Torrejón) y la sentencia del Supremo sobre la expropiación (no se ha podido leer); el estudio de 2023 sobre la prisión permanente, por su título.
• Lo que no entra: las «unas 3.000 toneladas» de documentos de Núremberg (una cifra de divulgación; el informe de Jackson habla de más de 100.000 documentos revisados y unos 4.000 usados); la frase atribuida a Confucio sobre el usurpador llamado rey (sale de una enciclopedia); los mayas (sin acceso al libro); la frase sobre la manipulación del juramento ashanti (no localizada); la sentencia de la Audiencia de Málaga (solo un blog); la previsión de 42.059 millones en intereses (solo prensa); la frase del manual del Tribunal de Cuentas Europeo (no localizada).

Dónde se oye la defensa del Estado

La defensa del Estado frente a este capítulo, y lo que la obra le responde, se oyen en el juicio:

• «El Estado cumple la mayoría» y «la lectura de conjunto»: frente al dictamen (11.4);
• «Cuando el propio sistema se frenó a sí mismo»: cargo 24 (11.3);
• «El voto exterior y el dinero de los partidos»: cargo 6;
• el Fondo de Reserva: cargo 15; la asignación de diputados y senadores: cargo 6;
• la ocupación y la suspensión de visitas: cargo 27.

[clasificación de las defensas, aprobada; 14.00-8.10 y 8.11; 15.00-17.30 y 17.31; 16.00-13.8 y 13.9; 18.00-7.12 y 7.13; 19.00-35.10 a 35.15; 28.00-9.2 a 9.9]

Para recordar

• La Constitución se puede auditar como un contrato: 169 preguntas, una por artículo, con la norma, el hecho y la fuente.
• Se cumplen 93 artículos y no se cumplen 69; en 23 de esos 69 ya hay una declaración formal externa.
• El incumplimiento recae dos veces más en lo que la Constitución promete al ciudadano (62,1 %) que en lo que organiza al poder (27,2 %); y el freno actúa más de cinco veces más cuando el poder se controla a sí mismo (26,32 %) que cuando protege al ciudadano (4,65 %).
• El método de Núremberg: juzgar al poder con sus propios documentos. «Debemos probar hechos increíbles con pruebas creíbles».
• La corrupción de la forma: conservar el nombre y perder la sustancia. «El tirano se distingue del rey por los hechos, no por el nombre». Y el propio sistema mide así: por los resultados.
• El cobro está blindado y el deber, aplazado: lo uno se ejecuta sin juez; lo otro necesita antes una ley.
• Algunos diseños legales enfrentan a la gente sin mala fe de nadie: obligan a decidir antes de saber.
• Lo que aquí se expone que hay que podar (lectura del autor): dar por cumplido lo que solo está escrito: la forma que conserva el nombre y pierde la sustancia en los artículos que no se cumplen, y el cobro que se ejecuta mientras el deber se aplaza.
• Lo siguiente: lo que llega a la vida diaria: el dinero, lo que se lleva cada año de lo que cuesta el trabajo, la vivienda, los hijos y la confianza; la otra mitad de la vara, los frutos (capítulo 8).