Capítulo 15 Prioridad absoluta

La deuda la encontró enseguida, porque la publican. Lo difícil fue leerla sin que se le fuera la cabeza.

La oficial, la de todas las administraciones, rondaba en 2025 los 1,7 billones de euros. Un billón es un millón de millones; él no había escrito nunca una cifra así, ni en el presupuesto más gordo del taller. Y debajo venía otra que no estaba dentro de esa: las pensiones que ya se han prometido. A finales de 2021 sumaban 6,13 billones, más de cuatro veces la deuda oficial de aquel año. No salían en la cifra que da el telediario.

Buscó lo que se le podía contestar, porque una cifra así asusta y el susto no diagnostica. Y lo había, y lo decía el mismo organismo que la calculaba: que esa cifra hace referencia «al valor presente de una suma de cantidades futuras». No vence mañana: se va pagando a lo largo de muchos años. Lo apuntó al lado. Era verdad, y si no lo apuntaba estaba haciendo lo mismo que los vídeos.

Pero había una pregunta que la cifra no tapaba: quién iba a pagar. Y eso no tenía vuelta. Se da por hecho que los que vienen detrás aceptan pagar lo que hoy se debe. Los que vienen detrás no han votado nada. Muchos no han nacido.

Gea llegó tarde del trabajo, cansada, y él le sacó el plato que le había guardado. Leyó la línea nueva sentada a la mesa, con el plato delante, y le dijo lo que le diría a la niña: que no se lo contara de golpe. Por partes, como lo de los coches.

A la salida del colegio, camino de casa, pasaron por delante del taller de chapa de la otra calle. Tenía la persiana bajada desde el verano y el mismo papel pegado, cada vez más amarillo, con su sello. La niña preguntó por qué estaba siempre cerrado, y él le contestó lo que sabía: que el dueño debía más de lo que podía pagar, que había ido un juez, que había mirado lo que quedaba y lo había repartido entre los que esperaban cobrar. Ella preguntó si al Estado le podía pasar lo mismo, con todo lo que debía. Él estuvo a punto de decir que sí. Se acordó del cajero y se calló.

Al de la chapa lo conocía de muchos años. Le había mandado clientes con un golpe en la aleta y él le devolvía los que llegaban con el embrague roto. Era de los que trabajan bien y cobran tarde, y un día dejó de poder pagar las piezas. Desde entonces, cuando pasaba por delante de aquella persiana, el padre aceleraba un poco el paso, como si el papel amarillo se le pudiera pegar.

Por la tarde llamó al gestor con una excusa, un recibo del seguro, y al final se lo preguntó.

—¿Al Estado le pueden hacer lo del de la chapa?

—¿Un concurso? —El gestor se rio con el teléfono entre la oreja y el hombro; se le oía pasar hojas—. No, hombre. Y menos mal.

—¿Menos mal?

—¿Tú te imaginas que un juez cerrara los hospitales para repartir las camas entre los bancos? El Estado no se puede cerrar como un taller. Hay cosas que no pueden parar ni un día. Y como cobra impuestos, siempre tiene con qué pagar. —Hizo una pausa para firmar algo—. Además, sus cuentas las mira un tribunal, el de Cuentas, y lo que encuentra lo publica. No está suelto.

—Ya.

—Tú tráeme el recibo, que lo del Estado no te lo voy a arreglar yo.

Esa noche lo buscó en la ley de las quiebras, y lo encontró en el primer artículo, como si hubieran querido dejarlo claro desde la puerta: «Las entidades que integran la organización territorial del Estado, los organismos públicos y demás entes de derecho público no podrán ser declarados en concurso». Concurso es como llama la ley a la quiebra. Al de la chapa, sí. Al Estado, no. Y la ley que lo decía la escribía él.

Apuntó al lado lo del gestor, porque era verdad: un Estado no se cierra como un taller, presta lo que no puede parar, cobra impuestos y tiene un tribunal que mira sus cuentas. Lo uno y lo otro, en la misma hoja.

Luego encontró la otra, y esta en la propia Constitución. Cuando no llega para todo, lo primero que se paga es la deuda: su pago «gozará de prioridad absoluta», y sus créditos, lo que se les debe a los que prestaron, «no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión». Ningún otro gasto tiene esas palabras. Ni los colegios, ni los hospitales, ni las pensiones que acababa de mirar. Solo los intereses de todas las administraciones juntas fueron 40.314 millones en 2025, casi lo mismo que el déficit de ese año.

Quiso saber cuándo se había escrito aquello, porque se acordaba de la madre de Gea y su vestido bueno, y aquello no le sonaba. No era de entonces: se metió en 2011. El Congreso la aprobó por lectura única el 2 de septiembre de 2011, con 316 votos a favor y 5 en contra, y el Senado el 7 de septiembre. No hubo referéndum. La Constitución solo lo pide en una reforma así si lo solicita, en quince días, «una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras». Nadie lo pidió.

Se quedó un rato mirando la fecha. La madre de Gea había votado la Constitución con su bolso a juego. Esta línea no la había votado nadie de la casa, ni la madre de Gea ni nadie. Era legal: la habían hecho por el camino que la propia Constitución marca. Pero era la frase que decidía quién cobra primero cuando no llega, y había entrado sin que nadie preguntara en la calle.

Esa noche, la columna de «Comprobado» se quedó con esto: «Al Estado no se le puede declarar en quiebra: lo dice su ley. Su deuda se paga antes que nada: lo dice la Constitución desde 2011, sin referéndum, porque nadie lo pidió. Las pensiones prometidas no están en la deuda que se publica».

En «Lo que yo creo»: «Que quien no puede quebrar tampoco rinde cuentas como un deudor. Y que lo pagarán los que vengan, que no han dicho nada».

El jueves, mientras fregaba, la niña le preguntó si el Estado cumplía lo que prometía. La Constitución le prometía a la gente muchas cosas, le había dicho la señorita: una casa, un trabajo, que la cuidaran de mayor. Él miró la hoja de las columnas, que ya no cabía en la mesa sin el salero, y supo que aquello no iba a ser una noche.