Anexo E. Lo que se afirma sin documento

E.0 Propósito

Esta obra nació de la documentación que reúnen, en distintos países, muchas personas que defienden la soberanía de cada ser humano. Se comprobaron sus fuentes una por una. En lo esencial tienen razón: cada persona es dueña de sí misma y nadie lo es de otra (2.3). Pero algunas de las vías concretas que se difunden no tienen detrás ninguna ley ni sentencia que las avale, y los tribunales que las han examinado no las han admitido.

Lo que no tiene documento es una presunción. Todo lo que en este anexo no lleva documento que lo avale es una presunción: algo que se da por cierto sin haberlo probado (0.4). No es verdadero ni falso: está sin probar. Esta obra no admite presunciones, ni las del Estado (capítulo 5) ni las de nadie. A quien sostenga alguna se le pide una sola cosa: que aporte el documento donde nace, con su fuente, y se examinará con la misma vara. Entre tanto, la obra se queda solo con lo que da frutos reales.

Cómo se cuenta cada caso. Primero lo que se afirma, después el hecho real que se invoca como apoyo, y por último lo que dicen los tribunales, con sus palabras. Lo que esta edición ha leído en su original lleva su fuente; lo que no, lleva la etiqueta «presunción» y está apuntado para leerlo en su fuente. Y esta obra va construyendo un método de medir que descorre el velo entre lo que algo es y lo que aparenta ser, y que sirve en todos los estratos o niveles de percepción: también para esto.

[Kiko, 8-oct-2026: la presunción y el método de medir; 09.00-0.1, 4.4 y 5.1]

Este anexo dice:

• E.1 la sentencia que reunió estas teorías;
• E.2 el nombre en mayúsculas;
• E.3 el certificado de nacimiento y la cuenta secreta;
• E.4 y las fianzas de los cargos públicos.

[09.00-0.1 y 6.1, ya en 2.6]

E.1 Meads contra Meads: la sentencia que reunió estas teorías

La idea: un tribunal de Canadá reunió estas teorías en una sola sentencia y las examinó una a una.

En 2012, en un pleito de familia, el juez J. D. Rooke, del Tribunal del Banco de la Reina de Alberta (Canadá) [original: Court of Queen’s Bench of Alberta], dictó una sentencia de 736 párrafos (Meads v. Meads, 2012 ABQB 571, de 18-9-2012, ¶ 736)^◦. En ella reúne a unos litigantes que se presentan con distintos nombres («no hay una lista cerrada») [original: «Freemen or Freemen-on-the-Land; Sovereign Men or Sovereign Citizens; […] and other labels - there is no closed list»], y les da un nombre común, que es del juez y no de esta obra: litigantes del «argumento comercial pseudolegal organizado» (OPCA, por sus siglas en inglés) [original: «In the absence of a better moniker, I have collectively labelled them as Organized Pseudolegal Commercial Argument litigants [“OPCA litigants”], to functionally define them collectively for what they literally are»] (ídem, ¶ 1)^◦prueba ✔.

La sentencia examina las estrategias de estos litigantes una por una, y concluye que la naturaleza y la jurisdicción de los tribunales canadienses las derrotan todas, salvo los esquemas de «dinero a cambio de nada», que examina aparte [original: «The nature and jurisdiction of Canadian courts, globally, defeats all the OPCA strategies and concepts identified and reviewed in these Reasons […]. The exceptions are the ‘money for nothing’ schemes that I will review at a later point.»] (ídem, ¶ 378)^◦. Uno de esos esquemas es el de E.3.

De los papeles que le presentó el propio litigante, el juez dice: «Esto es, por supuesto, un disparate»; no tienen «fuerza ni sentido en derecho» [original: «This is, of course, nonsense. As I have noted to Mr. Meads, these materials have no force or meaning in law»] (ídem, ¶ 44)^◦prueba ✔.

Un estudio publicado en la Alberta Law Review cuenta que, en Canadá, Meads ha sido citada en 198 sentencias y resoluciones de tribunales publicadas y respaldada por cinco tribunales de apelación canadienses [original: «In Canada, Meads has been cited in 198 reported court and tribunal decisions, and endorsed by five Canadian Courts of Appeal»], y que CanLII la da como la decisión más citada del Tribunal del Banco de la Reina de Alberta desde 2012 [original: «CanLII indicates Meads is the most cited post-2012 decision issued by the Alberta Court of Queen’s Bench»]. Fuera de Canadá, el mismo estudio dice que se acepta ampliamente en la Commonwealth: Reino Unido, Australia, Jersey, Irlanda, Nueva Zelanda, Irlanda del Norte y Escocia [original: «Meads is broadly accepted throughout the Commonwealth: in the UK, Australia, Jersey, the Republic of Ireland, New Zealand, Northern Ireland, and Scotland»] (Donald J. Netolitzky, «After the Hammer: Six Years of Meads v. Meads», Alberta Law Review 56:4 (2019), pág. 1186; fuente secundaria, académica)^◦.

Fuente leída hoy: Netolitzky, «After the Hammer: Six Years of Meads v. Meads», Alberta Law Review 56:4 (2019), págs. 1167 y siguientes (42 páginas; descargada de albertalawreview.com); la sentencia Meads, leída en local (c9h).

[09.00-3.1 y 3.2; Meads, leído hoy en local (c9h), ¶ 1, 44, 378 y 736; lo de «la más citada», Netolitzky 2019, leído hoy en local (flecos_finales), pág. 1186]

E.2 El nombre en mayúsculas

La idea: que el nombre en mayúsculas sea otra persona, a la que van las deudas, no tiene respaldo: los tribunales lo han rechazado y a cada persona le corresponde una sola identidad legal.

Lo que se afirma. La versión más extendida dice que escribir un nombre en mayúsculas («JUAN PÉREZ») crea una persona jurídica distinta de la persona real («Juan Pérez»), un «hombre de paja» al que se atribuyen las deudas y las obligaciones, con el argumento de que «en la Roma antigua ya se distinguía mayúscula de minúscula con ese propósito».

El apoyo histórico que se invoca. presunción Se afirma que es un anacronismo: en la epigrafía y la literatura latina clásica solo existían las mayúsculas. La escritura minúscula no se inventa hasta finales del siglo III d. C. (sobre pergamino y papiro), y no se generaliza hasta la minúscula carolingia, en el siglo IX. No pudo existir nunca una distinción jurídica entre mayúsculas y minúsculas en una época en que solo había una forma de escribir.

[09.00-1.1, entero; la historia de la escritura, presunción: sin leer en esta edición; por leer en su fuente, 05, sección 5]

Lo que dicen los tribunales. Meads la llama la estrategia de la «persona doble o dividida»: el nombre en mayúsculas sería «algún tipo de cosa no humana», y el nombre en minúsculas, el aspecto «de carne y hueso» del litigante [original: «In brief, the capital letter version of the name is some kind of non-human thing, while the lower case name is the ‘flesh and blood’ aspect of the litigant»] (Meads v. Meads, ¶ 212)^◦. Recoge que los tribunales canadienses ya habían rechazado que haya diferencia legal entre un nombre escrito en mayúsculas y minúsculas y un nombre todo en mayúsculas [original: «there is no legal distinction between a name in upper case and lower case letters, and a name all in capital letters»] (ídem, ¶ 323, con las sentencias que cita)^◦. Y concluye: «Los esquemas de la "persona doble o dividida" no tienen efecto jurídico. No tienen base en la ley. A una persona solo le corresponde una identidad legal» [original: «‘Double/split person’ schemes have no legal effect. These schemes have no basis in law. There is only one legal identity that attaches to a person.»] (ídem, ¶ 445)^◦prueba ✔.

Un tribunal federal de Estados Unidos rechazó una objeción de este tipo. En United States v. Rodney Class (causa penal n.º 13-253, Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, 16 de abril de 2014), el acusado alegó que su nombre en mayúsculas en la acusación designaba una entidad «ficticia» o una corporación, y no a «un hombre vivo de carne y hueso». El tribunal dijo que esa objeción, y el argumento de que las mayúsculas le quitan la jurisdicción, «no encuentran apoyo en la ley» y han sido rechazados de plano por al menos otro tribunal [original: «find no support in the law and, in fact, have been squarely rejected by at least one court»], que calificó objeciones parecidas de «manifiestamente carentes de fundamento» [original: «patently without merit»]. Y aclaró que la persona acusada es «Rodney Class, el ser humano, y no una corporación ni ninguna otra “entidad ficticia”» [original: «the person charged in this case is Rodney Class the human being, and not a corporation or any other “fictional entity,”»] (United States v. Class, causa 13-253 (GK), D.D.C., 16-4-2014, págs. 5 y 6)^◦prueba ✔. Otra petición suya, que decía que su nombre de nacimiento se había convertido en un «nombre comercial registrado» en violación del Código de Comercio Uniforme, la descartó por «no respaldada e irrelevante» [original: «These allegations are unsupported and irrelevant»] (ídem, pág. 29)^◦prueba ✔. La sentencia no usa los nombres de «teoría de las mayúsculas» ni «de la entidad ficticia»: contesta a lo que el acusado alegó.

En España, lo mismo: la personalidad la da el nacimiento (2.1), y no hay otra persona escondida debajo del nombre propio (5.2).

presunción Fuentes que se citan para la historia de la escritura, sin leer en esta edición: Wikipedia, «Mayúsculas cuadradas romanas»; dossier didáctico de epigrafía romana (bv.gva.es); Tentulogo, «La escritura mayúscula romana». La sentencia Class se leyó entera en su original (govinfo.gov, documento 76, 31 páginas; sin capa de texto: reconocimiento óptico y las páginas 6 y 29 a la vista).

[Meads, leído hoy en local (c9h), ¶ 212, 323 y 445; 09.00-1.2 y 1.3; Class, leído hoy en local (flecos_finales), págs. 5, 6 y 29; la historia de la escritura, presunción: sin leer en esta edición]

E.3 El certificado de nacimiento y la cuenta secreta

La idea: que el certificado de nacimiento abra una cuenta secreta con el valor de cada persona no tiene respaldo: los tribunales lo han rechazado.

Lo que se afirma. Una variante dice que el certificado de nacimiento une a cada persona con un fideicomiso oculto (un patrimonio que alguien administra en nombre de otro), con bonos del Tesoro y con un supuesto valor financiero de cada ciudadano, guardado en una cuenta secreta. Para darle aire de ley, invoca una ley inglesa de 1666, la Cestui Que Vie Act.

El apoyo que se invoca. Esa ley existe: es la Cestui Que Vie Act de 1666 (18 y 19 de Carlos II, c. 11), y sigue en el registro de legislación del Reino Unido; sus artículos II y III están derogados (por las leyes de revisión de 1948 y de 1863). Trata de los arrendamientos concedidos «por una o más vidas»: si la persona por cuya vida se concedió la finca se ausenta «más allá de los mares» durante siete años seguidos y no hay prueba de que vive, en el pleito del arrendador por recuperar la finca se la tiene por muerta [original: «shall be accounted as naturally dead»]; y si reaparece, el arrendatario vuelve a la finca y cobra los beneficios que perdió, con intereses (Cestui Que Vie Act 1666, arts. I y IV, legislation.gov.uk)^◦. Es un problema práctico de derecho de propiedad del siglo XVII. Leída entera, la ley no menciona certificados de nacimiento, fideicomisos del Estado ni bonos del Tesoro: la cadena que se construye a partir de ella, que conecta los certificados de nacimiento modernos con fideicomisos ocultos, bonos del Tesoro y un supuesto valor financiero oculto de cada ciudadano, no tiene apoyo en su texto. Tampoco se ha hallado ningún estatuto, reglamento ni sentencia que la respalde, y la sentencia Meads la rechaza (más abajo).

Fuente leída hoy: Cestui Que Vie Act 1666, texto revisado de legislation.gov.uk (cuatro artículos, dos derogados; sin efectos pendientes en el registro).

[09.00-2.1 y 2.2, enteros; la Cestui Que Vie Act 1666, leída entera hoy en local (flecos_finales)]

Lo que dicen los tribunales. El caso Meads lo trae en su propio expediente. El litigante presentó, entre otros papeles, unos registros que ponían su certificado de nacimiento como garantía, a nombre de un fideicomiso suyo («foreign situs cestui qui vie trust») (Meads v. Meads, ¶ 42 y 435)^◦, y pidió que lo que debía a su mujer y a sus hijos se pagara desde una cuenta bancaria secreta (ídem, ¶ 43 y 538)^◦. El juez explica la creencia: quienes venden este esquema aseguran que, «con la combinación correcta de documentos oficiales», una persona puede acceder a su cuenta bancaria secreta y a sus fondos [original: «OPCA gurus who sell the A4V scheme claim that, with a correct combination of government documents, a person can access their secret bank account and its funds»] (ídem, ¶ 536)^◦. Y responde que todo ese esquema ya lo habían examinado y rechazado otros tribunales: «Yo hago lo mismo» [original: «The entire A4V concept has been reviewed and rejected in Underworld Services Ltd. v. Money Stop Ltd., 2012 ABQB 327, and Mercedes-Benz Financial v. Kovacevic […]. I do the same.»] (ídem, ¶ 541)^◦.

[09.00-2.1; Meads, leído hoy en local (c9h), ¶ 42, 43, 435, 536, 538 y 541]

E.4 Las fianzas de los cargos públicos

La idea: la fianza de algunos cargos públicos de Estados Unidos existe, pero no es de cualquiera que quiera cobrarla.

Lo que se afirma. La idea viene de Estados Unidos: que todo funcionario o juez tiene contratada una fianza (surety bond) y que cualquier ciudadano perjudicado puede reclamar contra ella, o incluso embargar al funcionario, para cobrarse el daño. [09.00-4.1]

La pieza real. En Estados Unidos, algunas leyes obligan a ciertos cargos públicos a depositar una fianza de cargo público (public official bond): el cargo y quien lo avala se comprometen a pagar hasta una cantidad fija si el cargo no cumple fielmente los deberes de su puesto [original: «Public official bonds are instruments “by which a public officer and a secondary obligor undertake to pay up to a fixed sum of money if the public officer does not faithfully discharge the duties of his or her office.”»]. Las leyes de Illinois la exigen, por ejemplo, a los tesoreros y a los recaudadores de condado (Tribunal Supremo de Illinois, Bueker v. Madison County, 2016 IL 120024, de 1-12-2016, ¶ 9, con la definición del Restatement (Third) of Suretyship and Guaranty)^◦.

Lo que dicen los tribunales. Esa fianza no es de quien quiera cobrarla. Unos contribuyentes de un condado de Illinois, que se habían retrasado en el pago de sus impuestos sobre inmuebles, alegaron que el antiguo tesorero del condado se había concertado con otros para inflar los intereses que tuvieron que pagar a quienes compraron sus deudas (ídem, ¶ 3)^◦, y demandaron directamente a la aseguradora que avalaba su fianza (ídem, ¶ 4)^◦. El Tribunal Supremo de Illinois confirmó que la demanda contra la aseguradora se desestimara: «los demandantes, como ciudadanos particulares, no pueden reclamar contra la fianza de cargo público exigida por ley de que se trata» [original: «We agree and hold that plaintiffs, as private citizens, are precluded from making claims on the statutorily mandated, public official bond at issue in this case.»] (ídem, ¶ 1; casi igual en el ¶ 26)^◦prueba ✔. La fianza nombraba como beneficiario al condado; el Tribunal dice que por error, porque las leyes que la exigen nombran al pueblo del Estado de Illinois [original: «the bond at issue in this case erroneously names "Madison County Government" as the obligee instead of "the People of the State of Illinois," as prescribed by the statutes requiring the bond»] (ídem, ¶ 16)^◦. En ningún caso, a cada ciudadano por su cuenta.

Conclusión, lo que arrojan los datos: si ni siquiera quienes alegaban un daño concreto causado por ese cargo pudieron cobrar de su fianza, la versión que la presenta como una cuenta a disposición de cualquiera carece de base.

La idea, en un expediente. El documento del litigante que la sentencia Meads reproduce en su apéndice A (una lista que pone precio a cada acto de un funcionario contra él (Meads v. Meads, ¶ 507)^◦) exige a ese funcionario entregar «todas y cada una de las fianzas» y pólizas de seguro que hagan falta para pagar lo que el litigante le reclame [original: «agrees to surrender any and all surety bonds, public and/or corporate insurance policies, CAFR funds, or corporate property as needed to satisfy any and all claims and/or assessments as filed against said officer, agent, or representative by the Secured Party»] (ídem, apéndice A, pág. PDF 181)^◦. De esos documentos, el juez dice que no tienen fuerza legal, y que por eso las amenazas que contienen son, por definición, ilícitas [original: «Since ‘fee schedules’ have no legal force, the threats they contain are by definition unlawful.»] (ídem, ¶ 526)^◦.

Lo que se dice del uso. presunción Se afirma que estas fianzas se han usado para reclamaciones y embargos falsos contra funcionarios, y que algún estado, como Maine, ha llegado a castigarlo; consta en fuentes secundarias. Fuera del apéndice de Meads, que lo recoge sin nombrarlo, no se ha localizado todavía una sentencia que lo describa por su nombre, como sí ocurre con el nombre en mayúsculas.

[09.00-4.4, entero; lo de Maine, presunción: sin leer en esta edición; por leer en su fuente, 05, sección 5]

En España. No hay nada parecido a esa fianza privada: quien sufre un daño por un servicio público reclama a la Administración, no al empleado, y solo después la Administración puede exigir a su personal la responsabilidad por dolo o culpa grave (10.4).

presunción Fuentes que se citan, algunas sin leer en esta edición: Tribunal Supremo de Illinois, Bueker v. Madison County, 2016 IL 120024, de 1-XII-2016 (texto oficial, illinoiscourts.gov); Ley 40/2015, arts. 32 a 36; Maine Municipal Association, «Sovereign Citizens» (fuente secundaria).

[09.00-4.1 a 4.5; Bueker, leído hoy en local (c9c), ¶ 1, 3, 4, 9, 16 y 26; Meads, leído hoy en local (c9h), ¶ 507 y 526 y apéndice A; Ley 40/2015, arts. 32 y 36, ya en 10.4; la Maine Municipal Association, presunción: sin leer en esta edición; por leer en su fuente, 05, sección 5]

Límite honesto de la prueba

• Los casos son de Canadá y de Estados Unidos. En España no se ha encontrado ninguna sentencia que nombre estas teorías por su nombre; el riesgo real está en la letra del Código Penal (2.6). [09.00-5.1, ya en 2.6]
• La sentencia de Illinois fija la regla de la fianza, pero no trata de quienes la invocan. Ese uso se ve en el apéndice de Meads, que lo recoge sin describirlo por su nombre. [09.00-4.4]
• Lo que no tiene documento es una presunción. Lo que va con la etiqueta «presunción» (la historia de la escritura romana, el caso Rodney Class, lo que regula la ley inglesa de 1666, que Meads sea la sentencia más citada y lo de Maine) no se ha leído en su fuente en esta edición: no es verdadero ni falso, está sin probar (0.4), y está apuntado en la lista de flecos para leerlo en su fuente. Lo leído en su original (Meads y Bueker) lleva su fuente. [Kiko, 8-oct-2026; 09.00-1.1 a 4.5]

Dónde se oye la defensa del Estado

Aquí la obra y el Estado coinciden en lo esencial: lo que se afirma sin documento no se admite, y puede poner en riesgo a quien actúe sobre ello. La defensa del Estado frente a este anexo, y lo que la obra le responde, se oyen en el juicio (capítulo 11):

• en las cuestiones previas (11.2): «si esas afirmaciones no tienen documento, la desconfianza es infundada» y «las normas que esas afirmaciones invitan a desobedecer protegen a todos»;
• en el cargo 20 («Los actos del Estado son válidos»): «no hay ninguna persona jurídica en mayúsculas ni ningún fideicomiso secreto»;
• y en el cargo 26 («La responsabilidad»): «el ciudadano ya tiene vías reales para reclamar».

[09.00-7.1 a 7.10, ya en el capítulo 11; clasificación de las defensas, aprobada]

Para recordar

• Lo que se afirma sin documento es una presunción (0.4): esta obra no la admite y pide a quien la sostenga que aporte dónde nace. Estas afirmaciones suelen tomar un hecho real y hacerle decir lo que nunca dijo (2.6).
• El nombre en mayúsculas no es otra persona: a cada persona le corresponde una sola identidad legal.
• El certificado de nacimiento no abre ninguna cuenta secreta.
• La fianza de un cargo público no es una cuenta a disposición de cualquiera.
• En España se reclama a la Administración, por las vías que da la ley (10.4).