Parte 13 El juicio popular de la verdad

Imagínense una sala de juicio. Un estrado, una mesa para la acusación, otra para la defensa, unos bancos para el jurado. Y un banquillo.

En este juicio, en el banquillo no se sienta ninguna persona. Se sienta una institución.

Eso es el juicio popular de la verdad que propone la obra. Un tribunal de opinión. No tiene carácter oficial ni fuerza legal, y lo dice desde el principio. Un jurado elegido por sorteo juzga al Estado acusación por acusación, institución por institución, y nunca a personas con nombre. Hoy es una propuesta del autor, como el Registro de los frutos del que se alimenta.

La idea de esta parte la dice la obra en una frase: «un juicio que solo oye a la acusación no convence a nadie; uno que expone la mejor defensa y la mide con la misma vara, sí».

Tres pasos: quién juzga, y con qué reglas; cómo se juzga cada cargo; y cómo termina el juicio, que no termina con una condena.

Primer paso: quién juzga.

Un jurado elegido por sorteo, con todas las generaciones representadas. Y un jurado es creíble si es imparcial. Pero la imparcialidad, dice la obra, no se declara: se mide por los frutos y se asegura con reglas escritas. Son cuatro.

Primera: cada voto se razona por escrito, y es público. Cada miembro del jurado dice por qué vota lo que vota, y lo escrito se publica.

Segunda: nadie juzga donde tiene interés. Queda fuera, caso a caso, quien tenga un interés directo o indirecto en el cargo que se juzga. Y aquí la obra añade algo. Cobrar del Estado, como uno de los más de tres millones de empleados públicos, o con una de las más de once millones de pensiones, «no es conflicto: es ser el pueblo».

Tercera: la institución juzgada también puede recusar a un miembro del jurado. Con causa, oída la persona; y sin causa, hasta cuatro, como cualquier acusado ante el jurado de la ley.

Cuarta: ningún examen de ideas. A nadie se le pregunta qué piensa, qué cree ni a quién vota. Lo prohíbe la Constitución para todos: «Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias».

¿Y de dónde salen estas reglas? Tres de las cuatro ya están en la ley del propio Estado para su jurado: el veredicto razonado, la exclusión por interés y la recusación. La cuarta la pide la Constitución. Lo que arrojan los datos, con las palabras de la obra: «La obra no inventa un jurado: toma las reglas del que ya existe y las lleva a un tribunal de opinión». Con dos diferencias, y las dice: el voto es público, y no se pregunta por las ideas.

El autor lo resume así, como suyo: «la imparcialidad no es un título que se tenga: es un fruto que se enseña».

Segundo paso: cómo se juzga cada cargo.

Todo juicio se apoya en documentos, y la ley llama a lo que se aporta con ellos «la prueba documental». La prueba documental de este juicio es la obra entera: cada afirmación con su fuente, y el pasaje literal de cada texto público, para que cualquiera lo lea. No es una documentación de una persona: son las tradiciones que guardó la humanidad, las leyes del propio Estado y los datos de sus propios organismos. La lectura del autor va aparte, y marcada como suya.

El autor lo dice con sus palabras: la obra es «La documentación para el juicio, aportada por la humanidad, para el Estado y su sistema».

Cada acusación es un cargo, y la lista entera, el pliego de cargos. Tiene veintiocho. Las veintitrés presunciones del edificio que subimos planta a planta, y cinco más, para hechos probados que aquellas no recogían: la separación de poderes, la carga, la responsabilidad, el diseño legal que enfrenta a la gente y la economía real. Cada cargo es eso: algo que el Estado da por cierto sin probarlo.

Y todos siguen el mismo orden, para que se puedan comparar. Primero, la presunción, con las palabras con que el Estado la sostiene. Después, la vara: lo que dicen la ley de Dios, las tradiciones y su propia ley. Dónde está probado. La pregunta a la institución. La defensa del Estado, en su propia jerga: sus leyes, su doctrina y sus sentencias. Los contrapuntos de la obra, primero con la propia ley del Estado, y después con las leyes de arriba. Y el método añade algo: se dice también dónde la defensa aguanta. Porque eso, dice la obra, es lo que hace creíble lo que sí cae. Después, el límite honesto: lo que la obra no puede probar.

Y al final de cada cargo, siempre igual, la última palabra. Escúchenla entera, porque cierra los veintiocho:

«Ante la ley de Dios, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la ley natural, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la costumbre, la verdad ya ha sido expuesta. Ahora, con tus propias reglas y con las normas con que te construiste, tienes la palabra: tienes la oportunidad de defenderte en verdad».

Fíjense en el orden. Es el orden de las leyes con que empezó esta conferencia: la ley de Dios, la ley natural, la costumbre, y solo al final, la ley escrita del propio Estado.

Es la última palabra que la ley concede a todo acusado. Y es la que pide la Escritura, que no juzga sin oír primero: «¿Juzga nuestra ley á hombre, si primero no oyere de él […]?». Dice «en verdad», y no «en tu verdad», porque en esta obra la verdad es lo comprobado con fuente, como les conté al principio. Y habla de tú porque es la voz del juicio; en los escritos a la Administración, la obra trata de usted.

Después de la última palabra queda un sitio en blanco: la respuesta de la institución. Cada una será invitada por escrito a responder a su cargo, en el plazo que la ley da para contestar a una petición, tres meses como mucho. Si contesta, su respuesta se lee ante el jurado. Si calla, su silencio también queda registrado.

Y frente al dictamen, el que vimos hace dos partes, el Estado tiene trece objeciones, y la obra las oye todas. Concede lo que es cierto en cinco: que un Estado no es una empresa, que el dictamen no tiene valor oficial, que la mayor parte de la Constitución se cumple, que hay frutos reales, y que lo de que el sistema creó los problemas es lectura del autor. Y dice lo que queda en pie: «Ninguna de esas concesiones toca los hechos en que se apoya el dictamen». La misma vara.

Tercer paso: cómo termina.

Termina con preguntas. Las preguntas para el juicio van a las instituciones, y cualquiera puede enviarlas ya, por escrito, y guardar la respuesta o el silencio. Les leo dos del catálogo de la obra. Al ministerio de la Seguridad Social: «¿qué parte de lo que he cotizado está a mi nombre, y qué norma garantiza la cuantía de mi pensión futura?». Y a la Junta Electoral Central: «¿qué norma obliga a los partidos a que sus afiliados o sus votantes elijan a los candidatos de las listas?».

Y hay otras preguntas, las del relevo: lo que la obra no ha podido comprobar, escrito con su dificultad, para quien quiera seguir. Aquí el autor habla con sus palabras, y se las leo tal cual: «este trabajo es muy grande para una persona sola». Y pide que, si alguien coge el relevo, amplíe la obra «con el mismo método: cada afirmación con su fuente, y la corrección en paz de cualquier error». La pregunta que deja para el relevo es esta: «¿qué intenta aparentar el Estado y qué es en realidad, y hasta dónde llegan sus tentáculos y la contaminación del sistema actual que afecta al ciudadano común?». E invita sobre todo a las nuevas generaciones.

Y el juicio termina con un llamamiento. Todo él es voz del autor, y se oye como lectura suya: no añade hechos.

A quienes saben hacer lo bueno, les pide que no se queden quietos. Y escuchen el matiz: «No os pedimos que acuséis, sino que comprobéis».

Recuerda que nadie nace hijo del mal: son los hechos, no el origen, lo que puede acercar a él. Y deja un experimento mental, dicho como tal. Si cada uno de nosotros hubiera nacido en otro país, en otra religión, de otros padres, con las experiencias irrepetibles de otra persona, sería esa persona. Por eso este juicio no juzga personas. Y por eso la pregunta que deja no es quién tiene la culpa, sino qué hacemos con nuestras vidas, perdiendo el tiempo y enfrentándonos unos a otros.

A quien se reconozca en un patrón de mentira, o de poder que se cierra a toda corrección, no lo condena: lo llama, dice, «desde el afecto y no desde la sentencia», a corregirlo. Y la puerta sigue abierta para quien no lo haga.

Avisa de que la verdad duele. Lo dice con Platón: el prisionero que sale de la caverna y mira a la luz «sufrirá dolores agudos; el resplandor lo afligirá, y no podrá ver las realidades de las que antes veía las sombras». Y el autor añade: «No es un ataque: es la luz».

Después se dirige a los ángeles: a los mensajeros que llevan la verdad, «sean quienes sean». Les pide lo mismo que a todos: discernir con pruebas, caso a caso y sin venganza, y dejar constancia escrita. Y nadie se nombra segador a sí mismo. En la parábola del Evangelio, los ángeles son enviados, y la siega final no es nuestra.

¿Quiénes son esos ángeles? El autor lo dice como suyo, y así se lo cuento. Son gente que va a colaborar por el beneficio de la humanidad, más allá de sí misma. Se admiten aprendices: nadie llega a la altura de Jesucristo, dice, y no se trata de esperar a que vuelva y encuentre la casa sin barrer, con el trabajo dejado para otro. Por si acaso, el llamamiento se hace también a las potestades celestiales, para que sirvan de aliento y de guía. A nosotros nos toca algo más modesto: separar el grano de la paja, caso a caso y con pruebas, sabiendo que la vara se aplica a los dos lados, también a quien audita.

Y añade algo más, también como lectura suya. Lo que la obra ha hecho con el Estado es una poda: comprobar cada afirmación en su fuente y juzgarla por sus frutos. Podar, se acordarán, no es talar. Pues el autor pide esa misma poda en todos los campos: en la medicina, en la biología, en la física, en la química, en todas las ciencias, y también en lo económico, en lo administrativo y en lo judicial. Para él, el conocimiento se alejó del jardín, torcido por el susurro de la serpiente y por el ego, y podarlo es volver a lo recibido. Quien sabe de un campo, dice, tiene la obligación moral de hacerlo en el suyo, si quiere participar. Y la meta es estar al lado del árbol de la vida, que él llama «aquello que fomenta la vida». Si es vida eterna o no, dice, «se descubrirá».

Y lo cierra volviendo la vara contra sí mismo: se buscan métodos mejores que este, porque «aquí se cuestiona todo, hasta las palabras del autor». Y añade: «Esto es solo el principio del llamamiento».

Y al final, lo que clama al cielo. La tradición llama así a lo que no puede callarse: el clamor del pueblo oprimido, el lamento del extranjero, de la viuda y del huérfano, y la injusticia con el asalariado. La obra ha probado, con su fuente, hechos que tocan los tres. El cobro del Estado es inmediato y con recargo, mientras que de cada diez artículos de la Constitución que tocan al ciudadano, seis no se cumplen. En 2025, casi treinta y cuatro de cada cien menores de edad estaban en riesgo de pobreza o de exclusión social. Y de cada jornada de ocho horas de un asalariado medio, tres horas y diecinueve minutos se van en impuesto sobre la renta y cotizaciones.

El autor suma un cuarto clamor, y lo dice como suyo: quien no puede valerse por sí mismo es hoy la viuda y el huérfano del texto. Los más de treinta y dos mil que murieron en 2025 esperando la dependencia. La obra no dice que murieran por esperar: dice que murieron esperando lo que la ley les reconocía. Y da también lo que no encaja: esas muertes bajan año tras año.

Y entonces el autor dice la frase que la obra guarda para una sola vez. Esto clama al cielo. Quizá no fue del todo culpa de quienes lo decidieron. Por eso es un aviso, para rectificar y tomar conciencia, con las palabras del profeta: «no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino, y que viva».

La obra lo llama el último aviso, y es el único que lleva ese nombre. No es una amenaza: la obra no amenaza, invita, y la puerta para rectificar sigue abierta. Tampoco es una acusación penal. Y lo cierra con el Evangelio: «Quien tiene oídos para oir, oiga».

Ahora, la otra cara. ¿Qué concede la obra en esta parte?

Que el juicio no tiene fuerza legal. Es un tribunal de opinión, y lo dice desde el principio: su veredicto, cuando llegue, no obligará a nadie, y nadie queda libre de ninguna obligación vigente.

Que la defensa del Estado la ha escrito la obra. Es la mejor que ha sabido construir, en la jerga del propio Estado, pero no es la del Estado. Hasta que cada institución conteste, su respuesta queda pendiente.

Que una pregunta, por sí sola, no prueba nada: solo señala lo que falta saber.

Y que un patrón no prueba una intención. Los cargos miden presunciones y sus frutos, no la voluntad de quien las escribió.

Esas defensas, las del Estado, son las que oirán en el turno de preguntas, con las voces del público.

Recapitulo. El juicio popular de la verdad es un tribunal de opinión: juzga instituciones, nunca personas, y no tiene fuerza legal. Su jurado se elige por sorteo, con reglas que ya están en la ley del Estado: el voto razonado, nadie juzga donde tiene interés, la recusación y ningún examen de ideas. Cada cargo es una presunción, con su prueba, su mejor defensa, dónde aguanta, y la última palabra para la institución. Y el juicio no termina con una condena, sino con preguntas que cualquiera puede enviar ya, y con un llamamiento: no a acusar, sino a comprobar, a rectificar y a dejar constancia; y, para el autor, a hacer esa misma poda en todos los campos.

Les dejo una pregunta. Imagínense que mañana les toca a ustedes en el sorteo. ¿Podrían razonar su voto por escrito, delante de todos, «con imparcialidad, sin odio ni afecto»?

Lo que viene después ya no juzga a nadie.